El Salvador avanza en su estrategia de seguridad con la propuesta de reformar la Constitución para imponer la cadena perpetua a violadores, homicidas y terroristas. La iniciativa, promovida por el presidente Nayib Bukele, forma parte del Plan Control Territorial, que ha reducido significativamente la criminalidad en el país y fortalecido la presencia del Estado frente a las pandillas.
La reforma contempla modificar el artículo 27 de la Constitución, específicamente su inciso dos, y ajustar la legislación secundaria para que los jueces puedan aplicar las penas de forma efectiva. El partido oficialista, con mayoría en la Asamblea Legislativa, respalda la medida, lo que agiliza su aprobación.
Bukele defiende la iniciativa como una forma de proteger a los ciudadanos y evitar que el país regrese a la violencia que antes controlaba las calles. Pese a cuestionamientos sobre posibles violaciones de derechos humanos, la oposición tiene pocas herramientas frente al amplio respaldo popular del presidente.
Con esta reforma, El Salvador busca consolidarse como uno de los países más seguros del hemisferio occidental, aplicando penas ejemplares a quienes cometen delitos graves.
