El Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Ecuador 2025, hecho por Invamer, concluye que 84 de cada 100 cigarrillos consumidos en el país son de contrabando.
En la Sierra, la presencia de este mercado ilegal continúa en ascenso y ya domina buena parte de las ventas.
La Sierra registra una alta presencia de cigarrillos ilegales
El estudio muestra que varias provincias de la Sierra incrementaron la presencia de cigarrillos de contrabando entre 2023 y 2025.
Los porcentajes más altos corresponden a:
- Santo Domingo: 94 %.
Bolívar: 80 %.
Pichincha: 76 %.
Imbabura: 73 %.
Cotopaxi: 63 %.
Chimborazo: 53 %.
Cotopaxi aumentó 20 puntos porcentuales en apenas dos años
Bolívar pasó del 56 % al 80 %
Pichincha del 69 % al 76 %.
El principal incentivo para comprar cigarrillos ilegales continúa siendo el costo
Mientras una cajetilla legal de 20 unidades cuesta en promedio USD 6,50, una de contrabando se vende por USD 2,94 en la Sierra.
Algunas marcas ilegales presentan precios aún menores. Por ejemplo, Silver Elephant puede encontrarse por USD 1,67, menos de la tercera parte del valor del producto legal.
El 64 % de los consumidores encuestados afirmó comprar cigarrillos ilegales en tiendas de barrio.
En la provincia del Guayas ese porcentaje aumenta al 66 %.
Además, marcas de contrabando como Carnival y Silver Elephant fortalecieron su presencia especialmente en Pichincha, Santo Domingo y Azuay.
El impacto supera los USD 2.600 millones
El comercio ilegal también golpea las finanzas públicas.
Durante la última década, el Estado ecuatoriano recaudó aproximadamente USD 1.000 millones mediante el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicado a los cigarrillos legales.
Sin embargo, las pérdidas fiscales atribuidas al contrabando alcanzaron USD 2.600 millones, más del doble de lo obtenido mediante ese impuesto.
La mayoría desconoce qué impuestos paga un cigarrillo
La investigación también revela un bajo nivel de conocimiento sobre la carga tributaria de estos productos.
61 % de los encuestados desconoce que los cigarrillos legales pagan el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).
77 % afirmó que no estaría dispuesto a pagar un precio mayor por una cajetilla, aun cuando esos impuestos financian recursos públicos.
