La ley que penaliza el uso ilegal de uniformes, insignias y distintivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas entró oficialmente en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial el pasado 1 de julio de 2026.
La normativa establece penas de uno a tres años de prisión para las personas que utilicen sin autorización uniformes o elementos de identificación institucional de las fuerzas del orden.
Además, contempla sanciones más severas de cinco a siete años de privación de libertad cuando estos uniformes o distintivos sean utilizados para simular controles, operativos o acciones de seguridad con el fin de facilitar la comisión de delitos.
La reforma surgió como respuesta al incremento de casos en los que organizaciones criminales han empleado uniformes policiales y militares para ejecutar robos, secuestros, extorsiones, sicariatos y otros delitos, generando confusión entre la ciudadanía y afectando la confianza en las instituciones de seguridad.
Durante el trámite legislativo, la Asamblea Nacional argumentó que el uso indebido de estos elementos se ha convertido en una práctica recurrente de las estructuras delictivas para hacerse pasar por agentes del Estado y facilitar sus actividades ilícitas.
El proyecto fue debatido en primer debate el 20 de enero de 2026 y aprobado en segundo debate el 9 de junio del mismo año. Finalmente, la ley fue publicada en el Registro Oficial y entró en vigor.
La norma está conformada por seis capítulos y 20 artículos, y tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública, proteger la identidad institucional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y reducir el uso de uniformes oficiales por parte de grupos criminales.
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