La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defendió el Acuerdo 80, emitido hace pocos días, que mediante un reglamento elimina algunos de los excesivos privilegios, que tienen ciertos sindicatos del sector público.
En diálogo con Carlos Vera, en nuestro programa “Del Día a la Noche”, Núñez recordó que dicho reglamento ya existe. Lo que hizo el acuerdo, dijo, es simplemente contextualizarlo.
El gran objetivo, precisó la ministra, es evitar que los trabajadores del Estado, bajo la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), con diversos pretextos sean trasladados al Código del Trabajo, y de ese modo se conviertan en beneficiarios de las “conquistas” de los contratos colectivos.
Núñez advirtió que la ley establece dos parámetros fundamentales para tales contratos: que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue el visto bueno, en base a los recursos, y que los beneficiarios sean obreros. Es decir, quedan exentos cargos directivos y gerenciales, que son de libre nombramiento y, por tanto, de libre remoción.
Muchos de los trabajadores sindicalizados de CNEL, no formaban parte de este beneficio, pero los ingresaron por vía administrativa.
La ministra dejó en claro que cuando no se cumplen las disposiciones, el contrato puede ser declarado nulo, y con él, todas las prebendas.
Lo intentaron en CELEC
La funcionaria denunció que el pasado mes de marzo, el sindicato de La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), planteó acciones de protección, para trasladar a 1.080 servidores, desde la LOSEP al Código del Trabajo.
Su objetivo era que dichos empleados se volvieran parte del contrato colectivo, con beneficios retroactivos de 5 años. Un abuso que le hubiera costado al Estado 200 millones de dólares.
Fue necesario que ella, junto al ministro de Energía encargado, Roberto Luque, y asesores de la Procuradoría, se presentaran en la audiencia, para que el recurso fuera rechazado.
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