Los ex trabajadores de la Asamblea Nacional, que quedaron cesantes con la llamada “muerte cruzada”, firmada por el presidente Guillermo Lasso, aún no reciben sus liquidaciones, pese a las promesas de la administración.
El decreto 741 del Ejecutivo, firmado el 17 de mayo, disolvió al Parlamento, y junto a los legisladores, los empleados de contrato perdieron sus puestos.
De acuerdo al artículo 211 del Reglamento de Talento Humano de la Función Legislativa, los empleados que renuncien o sean despedidos, deben cobrar sus haberes en un plazo máximo de 30 días contados desde su salida, lo cual no ocurre.
Además, los denunciantes señalan que no se respetan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, mujeres embarazadas, de la tercera edad, con enfermedades catastróficas o con discapacidades.
Su reclamo apunta a resolver el tema lo más pronto posible.
