La Asamblea Nacional no tiene atribuciones para dejar sin efecto, el acuerdo crediticio que realizó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En diálogo con “Punto de Orden”, el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, recordó que, de acuerdo a la Constitución, el Ejecutivo es el único que tiene la competencia para el manejo económico del país. Y eso incluye realizar convenios con organismos internacionales de crédito.
Por tanto, el Parlamento no puede exigir, y mucho menos imponer, que se suspenda lo ya acordado. Si bien tiene capacidad de legislar y fiscalizar, no puede disponer dentro de este ámbito.
Pozo recordó que el gobierno de Daniel Noboa, firmó llegó a un trato con el FMI y otras instituciones multilaterales, y gracias al mismo alcanzó préstamos frescos por 14.200 millones de dólares, para un periodo de 4 años. De dicha cifra, una parte ya fue entregada.
Gracias a esos créditos, el régimen está cubriendo parcialmente el enorme déficit fiscal del año pasado (5.000 millones), y los atrasos en diversos pagos (6.500 millones). Por tanto, dijo el exministro, lo que pretende la Legislatura está fuera de lugar, y muestra un enorme desconocimiento de la realidad económica del país.
Para remate, hizo notar que el Estado deberá cerrar los pozos petroleros del bloque ITT, lo que significará recortar ingresos por alrededor de 1.200 millones de dólares por año.
¿No se dan cuenta dónde estamos? Lo que pretende la Asamblea es “un tiro en el pie”. Ha perdido la cordura, anotó el exfuncionario.
Pozo advirtió que si llegara a suspenderse el acuerdo con el FMI, el gobierno pasaría enormes apuros para cubrir el presupuesto, y tendría que recurrir a medidas desesperadas, mucho más graves.
Sin embargo, consideró que este trato, aunque urgente y necesario, no es suficiente, pues no soluciona todos los problemas. Se requiere adicionalmente recortar de forma drástica el gasto público, especialmente burocrático; reformar la ley del IESS; renegociar la deuda bilateral con China; y reducir o eliminar ciertos subsidios.
Pozo puntualizó que, en las actuales condiciones, Ecuador difícilmente tendrá un ingreso económico. Y sin este crecimiento, no habrá empleo.
Solo con inversión y reformas legales que garanticen la inversión, podremos pensar en un desarrollo, señaló.
