La “desobediencia civil”, es decir, no acatar el resultado de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el parque ITT, situado en el parque Yasuní, es el único camino que tienen, tanto el actual como el próximo gobierno.
Así se pronunció el experto Hernán Poveda, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”.
Poveda sustentó su opinión en el enorme déficit que sufrirá el país, si se suspende la extracción de crudo en ITT.
Detener la actual producción, calculada en 55.000 barriles diarios, significaría para el Ecuador dejar de recibir entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por año, dependiendo del precio internacional.
Adicionalmente, si acatara el resultado de la consulta popular, el Estado tendría que gastar cerca de 1.200 millones de dólares adicionales, en desmontar la estructura de los pozos. Sin mencionar posibles gastos de remediación por contaminación ambiental, al extraer la tubería; el transporte de todos los equipos por vía fluvial; y la pérdida de muchas plazas de empleo.
Corte Constitucional hizo daño al país
Para el experto petrolero, la Corte Constitucional le hizo un grave daño al país al impulsar la consulta popular, pues carecía de información adecuada y de suficientes proyecciones. Además, la pregunta fue inconstitucional, extemporánea y mal planteada, ya que no tomaba en cuenta que la explotación petrolera ya está en marcha.
Tanto así, dijo Poveda, que 3 de los jueves salvaron sus votos, al darse cuenta del grave error.
Basta considerar, agregó el especialista, que las provincias directamente involucradas en el tema, votaron “NO” a la consulta.
A su criterio, decisiones como esta, y la falta de planificación en Petroecuador, están dando como resultado la destrucción de la industria petrolera ecuatoriana, que en más de 20 años no ha conseguido abrir nuevos campos.
A esto hay que agregar el mal manejo de Petroecuador, que sin sustento técnico, aumentó su nómina de trabajadores, de 3.600 a más de 10.000, pese a que la producción no ha subido.
La entrevista completa:
