Los padres y madres de los cuatro menores del caso Las Malvinas aseguraron que “hoy se hizo justicia” tras la condena contra 11 militares. Un tribunal sentenció a los uniformados a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de los adolescentes, ocurrida en diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil.
“Se hizo justicia por los cuatro niños de Las Malvinas”, expresó Katty Bustos, madre de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años. Ambos vivían en ese barrio junto a sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11.
Sin embargo, Bustos aclaró que la sentencia no aliviará por completo el dolor de las familias. “Esto no me va a devolver a mis hijos, pero sí quiero saber la verdad y por qué lo hicieron”, afirmó.
Durante el juicio, los militares sostuvieron que detuvieron a los menores tras recibir una supuesta alerta de robo. No obstante, el tribunal descartó esa versión y estableció que los adolescentes no cometían ningún delito.
“Los jueces confirmaron que nuestros hijos no eran delincuentes ni terroristas”, señaló Luis Arroyo, padre de dos de las víctimas. Además, recordó que los menores soñaban con convertirse en futbolistas.
Tras la detención, ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024, los militares trasladaron a los adolescentes hacia Taura, una localidad cercana a Guayaquil. Desde ese momento, sus familias no volvieron a tener noticias de ellos hasta el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos calcinados en una zona rural.
Posteriormente, la autopsia reveló impactos de bala en al menos tres de las víctimas. Asimismo, cinco soldados que se acogieron a la cooperación eficaz relataron que los menores sufrieron golpes, insultos y vejaciones durante el trayecto.
Según esos testimonios, antes de llegar a la base militar, las patrullas ingresaron por un desvío rural. Allí obligaron a los adolescentes a desnudarse y realizaron disparos para intimidarlos, antes de abandonarlos en el lugar.
“Los militares debían proteger a nuestros hijos, no desaparecerlos”, afirmó Arroyo.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó disculpas públicas, el reconocimiento de responsabilidad del Estado y la colocación de una placa con los nombres de las víctimas en la base de Taura.
Para las familias, el último año ha sido “devastador”. Aun así, aseguran que la fe les ha permitido mantenerse firmes y enfrentar los procesos pendientes, incluidas posibles apelaciones y nuevas investigaciones.
Finalmente, el abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Abraham Aguirre, señaló que no descartan acudir a instancias internacionales en busca de verdad y reparación.
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