La propuesta ya fue ingresada a Gestión Documental (Foto: Asamblea Nacional).
El legislador oficialista y presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, ingresó en Gestión Documental el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de Inteligencia.
La iniciativa busca combatir las telecomunicaciones no autorizadas desde los centros de privación de libertad.
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Mejorar controles
La propuesta tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Estado, para neutralizar las comunicaciones ilícitas que operan desde los centros penitenciarios, mediante un marco legal integral.
El autor de la iniciativa resaltó que esta ley es complementaria, a la lucha que realiza el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.
Álvarez recordó que desde las cárceles se organizaban y ordenaban crímenes, y otros delitos contra la sociedad.
Asimismo, informó que el proyecto de ley fue revisado con el Ministerio del Interior, así como con el órgano rector de las telecomunicaciones.
Entre las reformas, mencionó una modificación al Código Orgánico Integral Penal, que establece que, cuando un delito haya sido ordenado desde un centro de privación de libertad, la pena se incrementará en un tercio.
Zonas de seguridad
Por ello, planea declarar a los centros penitenciarios como zonas de seguridad en telecomunicaciones; facultar expresamente la instalación de inhibidores selectivos y sistemas de acceso gestionado; obligar a las operadoras a cooperar en la restricción y trazabilidad de señales; tipificar agravantes penales para delitos cometidos desde prisión mediante telecomunicaciones; y fortalecer la inteligencia penitenciaria y la coordinación interinstitucional.
En este contexto, las operadoras de telecomunicaciones deberán implementar, a requerimiento de la autoridad competente, las medidas técnicas necesarias para controlar, limitar o canalizar el tráfico de comunicaciones en los centros penitenciarios, con el único fin de combatir las telecomunicaciones no autorizadas.
Asimismo, se autoriza la instalación de inhibidores selectivos de señal en los centros de privación de libertad, bajo parámetros técnicos que eviten interferencias a terceros, y con el único fin de combatir las telecomunicaciones no autorizadas.
