El Universo .– Un total de quince personas serían beneficiadas del dictamen abstentivo anunciado por la Fiscalía en un caso por cohecho que se inició el 5 de marzo pasado.
Luego de 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Sinohydro, la fiscal general, Diana Salazar, se decanta por mantener su acusación contra 25 de los 40 sospechosos investigados por el delito de cohecho supuestamente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En esa lista quedan el expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos de sus hermanos, una cuñada y otros.
La tarde del lunes último, una vez cerrada la etapa de instrucción fiscal, Salazar dio a conocer al conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional, su decisión de emitir un dictamen abstentivo a favor de quince personas. Solicitaba, además, que fije fecha y hora para, en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, fundamentar el dictamen acusatorio contra los restantes 25 implicados, entre quienes están varios amigos cercanos del ex primer mandatario Moreno: Conto Patiño, su esposa, cuatro hijos de estos, empresarios, abogados, exfuncionarios públicos ecuatorianos y cinco exfuncionarios de la estatal china Sinohydro.
El cierre de los cuatro meses de instrucción fiscal, el 14 de julio pasado, se dio en medio de audiencias por pedidos de revisión y cambio de medida cautelar, de apelación a la prisión preventiva y otras diligencias judiciales. Ahora, para la Fiscalía, las 25 personas contra las que emitirá verbalmente un dictamen acusatorio son parte de la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción del proyecto emblema del gobierno de Rafael Correa: Coca Codo Sinclair.
En la lista de los sobreseídos están Jacqueline Viteri Cedeño, cuñada del expresidente y esposa del también procesado Edwin Moreno; la nieta de Conto Patiño, María Patiño; el exmiembro del directorio de las hidroeléctrica Coca Codo, Francisco Castelló; además de abogados y extrabajadores de los Patiño en empresas como Comercial Recorsa y Novatex.
El empresario Juan Manuel Durini también es uno de los sobreseídos, aunque su esposa, Priscila Burneo, vinculada el 14 de junio pasado al proceso junto con su abuela Beatriz Herdoíza es parte de quienes recibirían un dictamen acusatorio. Felipe Rodríguez, abogado de Durini y Burneo, ha dejado claro que en la mayoría de las personas privadas investigadas la Fiscalía no ha podido demostrar que ellos, desde su posición, ayudaron en el cohecho que se analiza desde el 5 de marzo que se formularon cargos.
La megaobra realizada en el gobierno de Correa habría costado al país más de $ 2.000 millones. Esta se realizó con un crédito del Eximbank de China en momentos en que Lenín Moreno era vicepresidente de la República y Cai Runguo era el embajador de China en Ecuador. Este último también es parte de las 25 personas a las que se les emitirá un dictamen acusatorio, en el que se incluirá el pedido de que sea llamado a juicio y en una audiencia de juzgamiento se defina su situación legal y de otras 24 personas.
David Meza, abogado de Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, señaló que como defensa ha solicitado dentro de la instrucción fiscal pericias de contratación pública, de valoración de bienes muebles del expresidente y de procesos. También recordó que habrían solicitado una asistencia penal internacional para que el Reino de España certifique si Rocío González o Lenín Moreno tienen algún tipo de propiedad en ese país.
La teoría de la Fiscalía sostiene que para configurar el delito de cohecho a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones, dineros que terminaron siendo repartidos desde las empresas de Conto Patiño entre los sospechosos a través de transferencias, el cobro de cheques, el uso de empresas de varios de los procesados y la compra de ciertos bienes muebles e inmuebles.
Como parte de las medidas cautelares ordenadas en el caso Sinohydro, Lenín Moreno y Rocío González deben presentarse una vez por mes en la Embajada de Ecuador en Asunción del Paraguay, país en el que se encuentran ambos desde enero de 2022. Moreno ocupa un cargo ad honórem en la Organización de Estados Americanos (OEA). En Paraguay tienen que presentarse los primeros tres meses y al cuarto deben hacerlo en la Corte Nacional, en Quito. De no cumplirse con esta disposición en octubre próximo, se les podría ordenar prisión preventiva.
El conjuez Espinosa será quien decida, una vez que escuche los argumentos de la Fiscalía y de las defensas de los acusados, si llama o no a juicio a quienes son señalados de ser autores del delito de cohecho. Si se define un auto de llamamiento a juicio a todos, estos deberán sustentar en una audiencia sus pruebas periciales, testimoniales y documentales que mantienen para defender cada una de las posiciones existentes en el juicio.
Aún no existe una fecha para la diligencia en cuya primera parte se analizarán si existen o no nulidades que afecten lo actuado hasta el momento dentro del proceso penal.
