El Universo .– Aún restan ser escuchadas en audiencia las defensas de cinco de los diez acusados de participar en supuestas irregularidades eninversiones del Isspol.
Entre el lunes y martes pasados, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Isspol, cinco de los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), han desestimado las acusaciones de la Fiscalía General del Estado y piden a la jueza de Pichincha, Irene Pérez, emita a su favor un sobreseimiento.
Luego de poco más de tres meses de suspensión, el lunes último se reinstaló la diligencia para continuar con la respuesta que tienen las defensas de los diez procesados al dictamen acusatorio dado por el fiscal a cargo de la causa, Álex Castillo, a finales de julio pasado y luego de cinco días de intervenciones. Él presentó un dictamen acusatorio contra los diez procesados y pidió que se llame a juicio a todos.
El actual director del Isspol, coronel Renato González, critica los argumentos, pues lo que estarían diciendo es que ahora nadie conoce nada, que nadie firmó nada, que ‘pasaron en el Isspol consumiendo los sueldos sin saber de qué se trataba lo que hacían’. Según la acusación de Fiscalía, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía.
La reinstalación del 6 de noviembre pasado, es la continuación de la audiencia instalada el 10 de julio pasado por la jueza Irene Pérez. La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no ha podido ser reinstalada o avanzar con la velocidad adecuada.
El fiscal Castillo tiene clara la estrategia de defensa aplicada por los abogados que han intervenido: tratar de desplazar la responsabilidad de los procesados, argumentando que desde su cargo no podían ellos disponer de estos fondos. Lo señalado sería poco probable, a decir de la Fiscalía, pues ellos fueron quienes firmaron cada una de las actas donde se dispuso realizar las inversiones.
Las pericias de flujo de procesos, financiera y contable serían la base de la acusación que lleva adelante la Fiscalía. Por ejemplo, según la pericia contable el perjuicio en este caso ascendería a $ 188 millones hasta el 6 de abril de 2021, monto que continuaría en incremento.
Para la Fiscalía, en los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito de peculado.
