La Fiscalía General solicitó autorización a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), para formular cargos contra el expresidente de la República, Lenin Moreno, su esposa, su hija y otras 21 personas, por presunto soborno.
El delito corresponde al denominado “Caso Sinohydro”.
- LEER TAMBIÉN: Lenin Moreno afirma que heredó de Rafael Correa “una emboscada destinada al fracaso”
- LEER TAMBIÉN: En suspenso por ahora «Caso Sinohydro», hasta que juez convoque a nueva audiencia
Según la investigación fiscal, los encausados recibieron pagos ilegales por diversas vías, gracias al contrato de reparación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.
Por ahora el caso está a la espera de lo que resuelva el juez, que suspendió el proceso hasta nuevo aviso.
El cohecho
La Fiscalía sostiene que la empresa china Sinohydro, a cargo de las reparaciones, pagó 76 millones de dólares a Moreno, su esposa, su hija y demás implicados, a través de estructuras ficticias y triangulaciones.

Ese monto representa el 4% del valor del contrato.
La CNJ realiza en estos días la audiencia de evaluación y preparación de juicio, que determinará si procede la causa.
Durante la diligencia, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, solicitó que le nieguen inmunidad al exmandatario, quien por ahora reside en Paraguay, donde es comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos de discapacidad.
Red de corrupción
La investigación de la Fiscalía General, permitió develar la posible red de corrupción alrededor del proyecto Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018, a cambio de grandes cantidades de dinero.

Los sobornos se entregaron a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y cancelados a través de dádivas, cheques y transferencias.
A partir de la instrucción fiscal, se impusieron medidas cautelares: prohibición de salida del país, dispositivos electrónicos, y bloqueos de bienes por un monto equivalente a 154 millones de dólares.
Alrededor de estos movimientos, habría funcionado un “entramado empresarial”, con 4 entidades ecuatorianas y 7 empresas extranjeras, domiciliadas en paraísos fiscales.
Según los registros bancarios, se compraron unos muebles que terminaron en la casa de Moreno, durante su estancia en Suiza. Y un departamento en Alicante, España, que también sería propiedad del expresidente.

