Gabriel Boric, debilitado por el “caso Convenios”, ve tambalear sus reformas más emblemáticas

“Esta es una derrota moral. Y es una caída estrepitosa de la autoestima. Porque a ellos les quedaba todavía la pretensión de ser mejores en lo ético”, explicó el sociólogo, ex diputado y ex embajador, Pepe Auth, al sitio “exante”. “Ya habían asumido que no eran los mejores en la gestión, que tampoco eran los mejores para percibir los intereses verdaderos del pueblo, pero les quedaba que eran la renovación moral. Y yo creo que esto es un exocet a esa percepción. Además, estas crisis de corrupción te marcan a fuego; no te las sacas de encima fácil, sino pregúntale a los que fueron marcados por la corrupción. Se te mete en el corazón de tu identidad y hagas lo que hagas, se profundiza”.

Un grupo de personas hace fila en la sucursal de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para hacer un retiro de fondos. (EFE/Alberto Valdés).

El caso es intrincado y cada día se conocen nuevos detalles. Estalló cuando se conoció que el encargado del ministerio de la Vivienda para la región de Antofagasta, en el norte del país, Carlos Contreras, un militante de Revolución Democrática y asesor cercano de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez, asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, encabezada por Daniel Andrade, pareja de la legisladora. El dinero estaba destinado, supuestamente, a erradicar asentamientos precarios de la región que sufre particularmente de la falta de viviendas.

“Una fundación de un paraguazo recibe $426 millones de pesos (chilenos, 530.000 dólares), en dos pagos o tres, y nosotros peleando en el presupuesto la glosa para la protección de los océanos que costó un kilo sacarla y ponerle $300 millones para un año…¿cómo puede ser?”, se quejaba el ex presidente Ricardo Lagos, desde su banca de senador. “Tenemos que terminar con cualquier tipo de subsidio que no esté regulado por la ley”.

El presidente Boric ya dejó caer a la número dos del ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, de RD, pero desde la oposición exigen la salida del ministro, Carlos Montes o de Giorgio Jackson, también RD, ministro de Desarrollo Social del Gobierno y “compañero de ruta” del presidente desde que ambos corrían por las calles del centro de Santiago durante las protestas estudiantiles de principios de siglo. Y para mostrar la “seriedad” con la que se toma el asunto, hizo lo que hacen los políticos para no cambiar casi nada: una comisión investigadora. Son cinco expertos que darán sus recomendaciones en 45 días. Algo más sustancial es la investigación que inició en la justicia por posibles delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Ah, y la comisión va a investigar, de paso, también la financiación de las ONG durante los cinco años anteriores, es decir durante el gobierno de Piñera.

En el Congreso de Valparaíso quedan pendientes las emblemáticas reformas presentadas por el gobierno de Boris para estatizar parcialmente el régimen de jubilaciones y para un Pacto Fiscal.(PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIA U)

El escándalo estalló en el momento en que el gobierno intentaba avanzar en el Congreso dos reformas fundamentales, la tributaria o Pacto Fiscal y la de pensiones. Ambas están concatenadas y tienen una férrea oposición en la derecha. “Nos quieren entrampar en una discusión que no es lógica ¿Qué tiene que ver un caso como el de Convenios con las reformas que el país, los trabajadores tanto necesitan desde hace 50 años?”, se preguntaba el senador y ex canciller José Miguel Insulza en un programa de CNNChile. Kast, el líder del Partido Republicano, de extrema derecha, lanzó en Twitter: “Presidente Boric: no se necesitan más comisiones. Lo que tiene que instruirle a sus militantes es que no se roben la plata de los más pobres a través de fundaciones truchas financiadas por el Estado”. Y el presidente del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, dijo en un programa de radio que “no se necesitan más leyes para entender que hay una red que se concertó para sacarle plata al Estado”. Por debajo, lanzaron una iniciativa algo más creativa. “Un estado sin pitutos (ñoquis)”, es la consigna que ya obtuvo 10.000 firmas.

Después, la discusión se concentró en el “cuándo”. Y tras algunas vacilaciones, en el gobierno coincidieron en que sabían del desfalco desde diez días antes de que el sitio “Timeline” lo diera a conocer el 16 de junio. El primero en reconocerlo fue el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD. Luego fue el presidente Boric quien lo admitió. Y la ministra portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, quiso ponerle un punto final diciendo que “una vez que se supo esto por parte del Ejecutivo, se adoptaron las medidas que están a su alcance: responsabilidad política, responsabilidad administrativa y colaboración con la justicia”. La oposición lo interpretó de otra manera: “querían taparlo, si pasaba, pasaba…”.

Fue cuando todo el espectro político comenzó a complicarse por un caso casi menor si se tienen en cuenta las terribles tramas de corrupción política ventiladas en otros países de la región. La oposición aprovechó la situación de debilidad del gobierno y le trabó sus las dos reformas emblemáticas que el gobierno quería sacar en el Congreso. La Reforma Tributaria o Pacto Fiscal venía avanzando con un acuerdo básico en el que se asociaba la recaudación a los fines en los que se invertirían esos fondos. El gobierno se había puesto julio como meta para aprobar la medida. “Me temo que nos va a llevar más tiempo”, admitió el senador Insulza. A su lado, en el estudio de CNNChile estaba el representante de los empresarios Bernardo Larraín quien insiste en que “las reformas tributarias en sí no resuelven los problemas sociales como creen en el gobierno, en los últimos 10 años tuvimos 9 reformas y los problemas sociales persisten”. No quieren dar una parte de la torta de ninguna manera, ni si viene con garantía de dónde va a ir a parar ese dinero. Es probable que todo pase a la próxima legislatura o quede para mejor ocasión.

El presidente Boric en una vivienda afectada por las inundaciones en la región de O´Higgins. (Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Lo de las pensiones viene de lejos. Se trata del sistema impuesto durante la dictadura de Pinochet que privatizó todo el sistema de jubilaciones. El gobierno quiere eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 1981 que se basa en la capitalización individual. Es claramente un fracaso, produce una de las jubilaciones más bajas del continente, muy por debajo de la calidad de vida que esos trabajadores tenían en su vida activa. El gobierno propone un sistema mixto, con una Pensión Garantizada Universal (PGU), de unos 300 dólares, que financiaría a través de la reforma tributaria. Esta conviviría con el sistema de AFP que pasaría a tener otro régimen regulatorio. También aumenta en un 6% la contribución de los empleadores. Y ahí está trabada la discusión sobre cómo sería la repartija. Los empresarios quieren dar la mayoría a las AFP porque muchos de ellos son sus mismos dueños. En el gobierno anterior de Sebastián Piñera se había llegado a un acuerdo de dar un 3% a cada sistema jubilatorio, pero ahora volvieron a su posición inicial.

Boric enfrenta una situación de esas que se dan en los gobiernos donde en un momento se juega el todo. Si logra una salida decorosa al escándalo de la financiación de las asociaciones civiles afines, seguramente va a tener el apoyo necesario como para sacar las reformas lo más cercanas a lo que su gobierno propone, de lo contrario, su debilidad lo puede colocar en una posición de simple administrador. Aunque todo indica que aún le queda una buena reserva de oxígeno. Tiene menos de un 30% de aprobación, según las encuestas, pero si logra recomponer la confianza con su propio electorado y restaurar mínimamente la mística que lo llevó al poder, sería suficiente para recuperar la iniciativa.