El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que revisará el documento que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) envió al Ejecutivo. Aseguró este 26 de octubre de 2022 que hay tranquilidad ante el anuncio de una posible movilización.
A Jiménez le resulta inexplicable la posición de esta organización. “Ellos saben que estamos en proceso de ejecución. Saben que en el tema de los montos para las condonaciones de las deudas está el rango entre los USD 3 000 y USD 10 000. Y que esos montos son incrementables porque tiene que haber una provisión de dinero en BanEcuador”, argumentó durante una entrevista en radio Sucesos.
Así habrá un proceso progresivo de incremento de las condonaciones porque nada puede ser hecho “a punta de amenazas o paralizaciones”, sostuvo. A pesar de la advertencia de la Fenocin, Jiménez dijo que el Gobierno está tranquilo.
“Es una declaración aislada. Nos han hecho llegar una comunicación el día de ayer. Hoy la vamos a revisar detenidamente para ver cuál es el planteamiento. De repente son planteamientos legítimos y talvez nosotros hemos fallado en algún aspecto. No he dicho que sea necesariamente así, pero lo vamos a revisar antes de pronunciarnos oficialmente”, reiteró.
Añadió que se debe observar lo que puede y no puede ejecutar el Estado respecto a una entidad financiera porque hay una serie de aspectos a considerar. Como el patrimonio, sus activos y pasivos.
Implementación de acuerdos
En este contexto, Jiménez aprovechó para reiterar que el Ejecutivo está abierto a avanzar en la implementación de los 218 acuerdos alcanzados en las 10 mesas de diálogo. Pero se lo hará de forma progresiva y será en este año, aseguró.
La implementación es la segunda fase de la metodología de cuatro pasos. La tercera es la fase de seguimiento. La cuarta es la de identificación y semaforización que permitirá observar problemas a destrabar. El Ministerio ya tiene organizado el trabajo en función de esas fases y al momento se prepara un cuadernillo informativo sobre los acuerdos para entregar a las instituciones públicas.
El Ejecutivo también ha categorizado los acuerdos que requieren de la intervención directa de las organizaciones sociales, los acuerdos que requieren de emisión normativa y los acuerdos que necesitan acciones en territorios sin normativas.
La mesa de seguimiento que se reunió el 25 de octubre, por segunda ocasión, no contó con facilitadores y no se extendió el trabajo de implementación. Solo se abordó los pedidos de las organizaciones de que la Universidad Católica y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) continúen con su rol. Jiménez indicó que la reunión podría continuar la próxima semana.
Luis Cabrera, presidente de la CEE, confirmó que recibió una solicitud de las organizaciones. “Pero hemos visto conveniente no hacerlo, sino sugerir que sean las universidades las que puedan ofrecer ese servicio. La razón es muy simple: son temas de carácter eminentemente técnico y financiero, y que van más allá de nuestras posibilidades”, justificó.
Consulta popular
En otro punto, el Ministro de Gobierno, señaló que espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las dos preguntas relacionadas al Consejo de Participación. Luego presentará otras dos. El plan es tener 10 preguntas en total para el referendo.
Fuente: El Comercio
