El gobierno nacional anunció que no establecerá más contratos, con empresas sospechosas de tener vínculos con grupos criminales.
La decisión se produce después que “Lafattoria SA”, la compañía encargada de la alimentación en varias cárceles del país, decidiera suspender su servicio, por desacuerdos en cuanto al pago.
En un comunicado difundido en medios de comunicación y redes sociales, el gobierno explicó que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), estableció que directivos de “Lafattoria SA” estarían implicados en presuntos actos ilícitos de carácter penal.
Tales irregularidades, que por ahora se mantienen en reserva, fueron comunicadas a la Fiscalía General, tal como lo señala la ley.
El comunicado agrega que se dará cabida a ningún acto que atente contra la integridad pública, ni tampoco a relaciones con supuestos proveedores, suyos vínculos sugieran conveniencia con el crimen organizado.
El documento advierte que toda conducta monopólica será investigada, y puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
Desde el año 2000 se registran al menos 13 convenios de pago entre el SNAI y esta empresa, por más de 77 millones de dólares.
