El Gobierno Nacional insistió ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que se respete el dictamen de un juez de Quito, quien ordenó que se reanuden los juicios políticos contra 3 funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
El magistrado aceptó una acción de protección de la legisladora Inés Alarcón, de ADN, y dispuso que las interpelaciones contra Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, exministro de Economía, exsecretario de la Administración y exsecretaria de Educación Superior, respectivamente, sean retomadas.
La comisión, presidida por la correísta Pamela Aguirre, había archivado las causas, para dar prioridad a los procesos contra la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld; la ministra del Interior, Mónica Palencia; y la fiscal general, Diana Salazar, todos ellos por acusaciones presentadas por sus coidearios. De acuerdo a la ley, las interpelaciones son tratadas en el orden en que son presentadas.
La maniobra no le resultó en el caso de Sommerfeld, pues no hubo los votos necesarios para continuar el juicio.
La propia Palencia solicitó a Aguirre, que certifique el cumplimiento de la acción de protección dictada por el juez. El Parlamento había anunciado que no la acataría.
La ministra fue llamada a interpelación por supuesto “incumplimiento de funciones”. El correísmo la señala por la incursión policial a la embajada de México, en abril pasado, que terminó con el arresto del exvicepresidente Jorge Glas.
El tema sería resuelto desde el 3 de septiembre, una vez que culmine el actual periodo de vacancia.
