El Gobierno Nacional reforzó las operaciones de seguridad en las provincias de El Oro, Manabí y Guayas, consideradas actualmente como zonas prioritarias en la lucha contra el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en el país.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que el despliegue permanente del Bloque de Seguridad y de la Policía Nacional responde a una estrategia impulsada por el presidente Daniel Noboa para debilitar a las organizaciones criminales mediante operaciones tácticas, inteligencia e investigación especializada.
Según las cifras presentadas por el funcionario, la criminalidad general en Ecuador registra una reducción del 17 % entre enero y junio de 2026. Además, destacó que durante mayo se alcanzó una disminución del 27 %, uno de los resultados más significativos registrados en los últimos meses dentro de la estrategia gubernamental de seguridad.
Reimberg señaló que estos resultados también se reflejan en la reducción de delitos comunes, fenómeno que atribuyó a la presencia constante de policías y militares en sectores estratégicos, así como al fortalecimiento de las labores investigativas para identificar y capturar a integrantes de grupos delictivos.
Las acciones de control se desarrollan principalmente en Guayas, Manabí y El Oro debido a que estas provincias concentran importantes corredores utilizados por organizaciones vinculadas al narcotráfico, extorsión, sicariato y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.
El ministro también se refirió a la reciente masacre registrada en el cantón Durán, donde cinco personas fueron asesinadas en una fritanguería. Tras el hecho, indicó que dispuso el despliegue inmediato de unidades de Criminalística, Inteligencia e Investigación para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.
Además, informó que solicitó apoyo adicional al Ministerio de Defensa para reforzar las labores de búsqueda y control territorial en Durán, con el objetivo de evitar nuevos hechos violentos relacionados con disputas entre organizaciones criminales.
El Gobierno sostiene que la estrategia de intervención focalizada continuará en las zonas consideradas de mayor riesgo, con el propósito de recuperar espacios tomados por estructuras delictivas y fortalecer la seguridad de la población.
