Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este lunes la política impulsada por la administración de Donald Trump que imponía una tarifa de USD 100.000 para las nuevas visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados.
El magistrado Leo Sorokin determinó que el Gobierno excedió sus facultades al establecer el cobro sin autorización del Congreso estadounidense.
¿Por qué surgió la medida?
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció la tarifa en septiembre de 2025. Según explicó, la medida buscaba incentivar a las grandes empresas tecnológicas y a otras compañías a contratar más trabajadores estadounidenses.
La administración sostenía que el programa favorecía la contratación de personal extranjero en lugar de impulsar el empleo local.
La decisión del juez
Sorokin falló a favor de una coalición de veinte estados que presentó una demanda contra la nueva tarifa.
En una sentencia de 42 páginas, el juez concluyó que el cobro funcionaba como un impuesto. Por esa razón, indicó que solo el Congreso puede autorizar una medida de este tipo.
El magistrado también señaló que la administración actuó fuera de sus competencias al imponer el pago de manera unilateral.
Cómo afecta a las visas H-1B
El Congreso creó las visas H-1B para que las empresas estadounidenses puedan contratar profesionales extranjeros especializados.
Actualmente, el programa contempla un límite anual de 65.000 visas. Además, reserva otras 20.000 para personas que poseen títulos de maestría o grados superiores obtenidos en universidades estadounidenses.
California lideró la demanda contra la medida. El estado argumentó que el cobro afectaría a empresas tecnológicas, universidades, hospitales y otros sectores que dependen de talento internacional.
Reacciones del sector migratorio
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) rechazó la iniciativa desde su anuncio.
La organización advirtió que la tarifa perjudicaría a industrias como la tecnológica, agrícola, médica y de energías renovables.
Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, criticó la propuesta y afirmó que generaba incertidumbre para empleadores y trabajadores extranjeros.
Por ahora, el cobro de USD 100.000 queda suspendido. Sin embargo, la administración estadounidense todavía puede presentar una apelación ante instancias judiciales superiores.
