El ministro Francisco Jiménez cuestionó que se responsabilice políticamente al presidente Guillermo Lasso, y otros funcionarios, por el femicidio de la abogada.
A través de una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó su rechazo al informe no vinculante, aprobado el 17 de noviembre por la mayoría del Parlamento, que establece responsabilidades estatales y políticas en el femicidio de la abogada María Belén Bernal.
Jiménez cuestionó que “de forma temeraria se intente endosar al Presidente de la República una supuesta -e inexistente- responsabilidad política por causa de un execrable delito”.
El reclamo del ministro se fundamenta en que en el informe se señala al presidente Guillermo Lasso como uno de los responsables políticos por las vulneraciones de derechos entorno al caso de Bernal. También son mencionados el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; el exministro del Interior Patricio Carrillo; el comandante general de la Policía, Fausto Salinas; y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.
En la carta enviada a Saquicela, el 19 de noviembre, Jiménez calificó de “oportunismo” a la actitud de los 96 legisladores que dieron su voto a favor para aprobar el informe.
Añadió que desde el Gobierno está concentrado en la prevención de cualquier forma de violencia contra la mujer, atender a las víctimas, generar soluciones, desarrollar políticas públicas y procurar la reparación integral para las víctimas y sus familias.
“Que la Asamblea Nacional apruebe un informe de una Comisión Ocasional estableciendo una supuesta responsabilidad política del Presidente y otros funcionarios del Gobierno, por, entre otras lindezas, no haber supervisado las actuaciones de un organismo autónomo e independiente de todas las Funciones, como lo es la Fiscalía General del Estado, no es sino la más palpable evidencia del nivel en que ha caído la Institución”, expresó el ministro de Gobierno al presidente de la Legislatura.
El documento aprobado por la Asamblea contiene conclusiones y recomendaciones enfocadas a fortalecer en varias instituciones públicas la lucha contra la violencia contra la mujer.
Dicho será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se solicitará una audiencia para tratar el tema.
Fuente: El Universo
