EL UNIVERSO .- La posibilidad de que el jefe de Estado opte por declarar la disolución de la legislatura preocupa.
Con la admisibilidad al juicio político en contra del presidente del Gobierno, Guillermo Lasso, los “ojos” de sectores sociales se trasladan a la Asamblea Nacional con el pedido de que se cumplan los procedimientos legales, frente a una posible censura y destitución.
La noche de este 29 de marzo de 2023, con seis votos afirmativos y tres salvados de los miembros de la Corte Constitucional (CC) se admitió a trámite la solicitud de juicio político planteada desde corrientes de oposición de la Asamblea Nacional en contra de Guillermo Lasso.
No obstante, la decisión de los magistrados se concentró en admitir la interpelación únicamente por el cargo de presunto peculado respecto de denuncias de actos de corrupción en la Empresa Pública Flota Petrolera (Flopec), pero no dio paso a los cargos por concusión en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), como lo plantearon los cuatro asambleístas ponentes.
La decisión de la Corte Constitucional se devolvió a la Asamblea Nacional para que continúe con los procedimientos, con lo que en un primer momento será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para luego enviarlo a la Comisión de Fiscalización, que asumirá la sustanciación de inmediato.
De acuerdo con los plazos contemplados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre notificaciones y convocatorias a sesiones, presentación de pruebas de cargo y descargo, y el informe final, el proceso se extenderá por 45 días.
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En ese periodo, organizaciones de la sociedad civil estarán atentas a las actuaciones de los legisladores.
Sectores de oposición al jefe del Gobierno, Guillermo Lasso, afirman que respetan las competencias de las funciones del Estado, aunque su aspiración es que enfrente el juicio político o que renuncie, pero que evite activar el mecanismo de la disolución de la Asamblea o muerte cruzada.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, cree que Guillermo Lasso debería renunciar “por su incapacidad de gobernar”. Pero como “ha decidido aferrarse al poder y ahora que la Corte admitió a trámite el juicio político, los sectores sociales vamos a estar pendientes de lo que hagan los asambleístas y, en especial, la Comisión de Fiscalización”, indicó.
Según Erazo, esta es una Asamblea que “debe ser controlada por los sectores políticos y populares”. Pues hay un 90 % de ciudadanos que no “les cree por su capacidad de hacer componendas, arreglos, pedir cargos y recursos, por lo que estaremos atentos a lo que resuelvan, sobre todo, que se determine la salida de Guillermo Lasso”, agregó.
No obstante, ven con preocupación la posibilidad de que el Ejecutivo resuelva disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas.
Ello implicará que los asambleístas dejarán sus cargos; el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará un nuevo proceso electoral en 90 días para elegir presidente y legisladores por lo que resta del periodo (hasta el 2025), y Guillermo Lasso gobernará en ese tiempo con decretos-ley de urgencia económica que deberán ser evaluados previamente por la Corte Constitucional.
Esta posibilidad preocupa a Erazo, porque “Lasso podría apuntalar su proceso neoliberal de gobierno e ir hacia las privatizaciones de empresas públicas”. “Por eso es necesario entender que la única alternativa es que la Asamblea destituya al presidente y así evitar la muerte cruzada. Estaremos en las calles defendiendo las empresas estatales y exigiendo la salida del presidente”, advirtió el dirigente.
Por su parte, la presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Marcela Arellano, consideró que Guillermo Lasso debería salir de la Presidencia y renunciar, porque “no está capacitado para gobernar”.
Aunque, con la coyuntura actual, “se está implementando un mecanismo constitucional que es el juicio político y lo respetaremos para que avance con independencia, y no vamos a salir a las calles a movilizarnos”, adelantó.
La @AsambleaEcuador tiene que continuar el proceso de juicio político y destituir a @LassoGuillermo por peculado y por la incapacidad para gobernar en #Ecuador.#GuillermoLasso #JuicioPoliticoALasso #MuerteCruzada pic.twitter.com/MgpDc5XSCe
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) March 30, 2023
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó que tienen puestos los “ojos” sobre la Asamblea Nacional para que tramite un proceso político que termine con la destitución del gobernante.
“La Corte Constitucional dio paso, ahora la Asamblea tiene que seguir el juicio político y destituir a Guillermo Lasso por peculado y por la incapacidad de gobernar”, exigió el movimiento indígena en mensajes publicados en sus redes sociales.
De igual forma, su presidente, Leonidas Iza, en un tuit, resaltó la resolución de la Corte que “responde a la lucha y resistencia del pueblo ante un gobierno nefasto e indolente. Cada voto en el Legislativo representará el clamor popular”, escribió.
Desde otro sector, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias adelanta también su postura de observador del cumplimiento de las normas.
“Les estamos observando. No tenemos más paciencia y no vamos a permitir la vulgarización de la política”, señaló la presidenta del gremio, María Paz Jervis, en declaraciones en entrevistas con medios de comunicación este jueves.
La directiva reprochó que los legisladores han pasado casi dos años de gestión “haciendo reconocimientos irrisorios” y ni legislan ni trabajan.
A su criterio, no cree que la muerte cruzada sea una salida a la crisis y, al contrario, conminó a “evitar mecanismos de conflictividad”, que afectarían a la economía nacional.
El director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, Mauricio Alarcón, detalló que harán seguimiento de los procedimientos con los cuales se efectúe el juicio político al mandatario.
“Esperamos que los 137 asambleístas se rijan a lo que dice la Constitución y no conviertan este juicio político en un circo para recriminar al presidente Lasso por su forma de gobernar. Hay hechos concretos que se han determinado y por los que la Corte Constitucional ha garantizado la admisibilidad del proceso y son esos hechos los que deberán ser tratados”, agregó Alarcón.
