La situación financiera del Seguro Social es “razonablemente buena”, pero hay que tomar medidas para evitar una crisis futura.
Así lo expuso Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IESS, en diálogo con “Punto de Orden”.
Ortega destacó el gran trabajo realizado por Augusto de la Torre, presidente de la comisión ciudadana designada por el presidente Guillermo Lasso, para analizar la situación de la entidad, y plantear posibles soluciones. Todas ellas son estudiadas, y se aplicarán las que se consideren convenientes, sin perjudicar a los afiliados.
Entre los problemas pendientes, el directivo señaló la enorme deuda que mantienen empresarios de Guayaquil y Quito, por concepto de aportes no pagados. Se trata de alrededor de mil millones de dólares.
A fin de solucionar el problema, el directorio del IESS acordó permitir a los patronos morosos, por una sola vez, un refinanciamiento de hasta 6 años. Una decisión que ha sido bien acogida, ya que muchos deudores aceptaron negociar acuerdos de pago.
Asimismo, la institución resolvió recuperar alrededor de 400 bienes improductivos, y valorados en más de 300 millones de dólares, que habían sido traspasados al BIESS para su venta en el año 2017. La operación no funcionó, por lo cual el IESS asumirá ahora su mantenimiento y posterior remate.
Mejor control médico
Por otra parte, Ortega precisó que la actual administración, con el fin de optimizar sus recursos, contrató empresas especiales, que tienen la misión de auditar las “derivaciones médicas”.
Se refiere a los costos que asume el Seguro Social cuando deriva a una clínica privada a un paciente, que por diversas razones no puede ser tratado en los hospitales o dispensarios propios de la institución.
El funcionario recordó que esta práctica de “derivación” comenzó en el año 2010, y llegó un momento en que a la mayoría de pacientes los enviaban a clínicas. Esto trajo como resultado el paulatino decrecimiento de los hospitales del IESS, tanto en personal como en equipos, y a su vez el aumento en el gasto en clínicas particulares.
Adicionalmente, los propios coordinadores provinciales tenían a su cargo auditar esas derivaciones, que muchas veces no eran necesarias. El resultado era un perjuicio para la entidad, y en ocasiones actos de corrupción.
