La Hora .- La asesoría jurídica de la Presidencia de la República tiene previsto ingresar en las próximas horas a la Corte Constitucional un escrito donde se expondrá que ciertos asambleístas se “extra facultaron” y se fueron en contra del dictamen de la Corte.
La continuación del trámite del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional está en el limbo. Desde el 9 de mayo de 2023, cuando la oposición reunió los 88 votos para continuar con la interpelación al mandatario empezaron a correr los plazos previstos en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) como paso previo para que el jefe de Estado acuda al Pleno ejercer su derecho a la defensa ante la acusación de presunto peculado.
Pero la gestión está empantanada. El primer plazo fatal que debe cumplir Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento, vence a la medianoche de este viernes, 12 de mayo.
Según la ley, en tres días, Saquicela debía disponer a la Secretaría General de la Asamblea la “difusión del informe” del juicio a los 137 parlamentarios para que en las siguientes 48 horas lo puedan conocer y, dentro de las siguientes 72 horas, se pueda convocar a sesión.
El conflicto que enfrenta Saquicela es que, en la sesión del 9 de mayo, la continuidad del juicio al Presidente se sustentó en el texto de una “moción” planteada por la correísta Viviana Veloz. Sin embargo, en la LOFL no está contemplada esta figura.
Saquicela apela a su rival político
Ante la falta de un informe que respalde la continuidad del juicio, Saquicela apeló a su rival político Fernando Villavicencio.
El 9 de mayo, Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea, a nombre de Saquicela pidió al secretario relator de la Comisión de Fiscalización que le remita el expediente íntegro del proceso de sustanciación de juicio político en contra de Lasso.
Esto ocurrió pocas horas después de que el presidente de la Asamblea calificó al informe de borrador que no fue aprobado en esta mesa legislativa, “de carecer de valor y efectos jurídicos de conformidad al inciso quinto del artículo 16 del Reglamento de las Comisiones Especializadas”.
“¡Qué bonito! Primero dicen que el informe motivado de la Comisión de Fiscalización no sirve, que hemos vulnerado el procedimiento, y ahora desesperados nos piden el expediente íntegro del proceso de sustanciación de juicio. ¿En qué parte de la ilegal resolución (del 9 de mayo) consta ese pedido?”, cuestionó Villavicencio.
‘Procedimiento ilegal’
Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática) confirmó que a su despacho aún no ha llegado la información (ni el informe motivado, ni la moción de Viviana Veloz).
Sin embargo, aclaró que cualquiera sea el procedimiento que realice el Presidente del Parlamento es ilegal. “El único documento sobre el cual tenía que basarse el inicio de la interpelación era el informe motivado de la mesa de Fiscalización, y dicho informe no existe porque no tuvo los votos necesarios para su aprobación en esta Comisión”, expresó.
Para este legislador, la intención de querer sustituir un informe que no existe por posturas que se plantearon en el Pleno (por la oposición) está fuera de la ley.
En su colega Johana Moreira también hay incertidumbre por la falta de un informe a pesar de que el debate sobre el juicio está abierto. Si no hay un informe no se puede cumplir con la LOFL, que establece que debe difundirse un documento.
“Sin informe ¿cómo vamos a decidir si no sabemos cuáles son las pruebas (con las que se acusa al presidente) ?, cuestionó.
Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional (BAN-CREO), tampoco ha sido notificado del expediente que sustente el juicio. Cree que no sería extraño que “aparezcan convocatorias de la noche a la mañana y se diga que la información ya se conoció en el Pleno”.
A la bancada de Pachakutik ingresó el texto de la moción planteada por la correísta Viviana Veloz. (SC)
Gobierno pide intervención de la Corte Constitucional
La tardanza en la entrega del informe y la notificación acerca del inicio del juicio se extiende al Palacio de Gobierno.
“A pesar de las irregularidades e ilegalidades que se han cometido dentro del proceso, seguimos esperando que la Asamblea nos notifique para conocer el día que debería comparecer al Pleno el jefe de Estado para exponer la verdad”, dijo Juan Pablo Ortíz, secretario jurídico de la Presidencia de la República.
A su criterio, es “clarísimo” que, ante las ilegalidades cometidas, los jueces de la Corte Constitucional (CC) deberían realizar un seguimiento a su dictamen del 29 de marzo de 2023 antes de que el presidente Lasso sea convocado al Pleno de la Asamblea. La asesoría jurídica tiene previsto ingresar en las próximas horas a la CC un escrito en el que se expondrá que ciertos asambleístas se “extra facultaron” y se fueron en contra del dictamen de la Corte.
Mientras tanto, el constitucionalista Xavier Palacios opinó que la Corte podría activar de oficio la fase de seguimiento y, si llega a detectar un incumplimiento, podría eventualmente destituir al funcionario o dejar sin efecto ciertas actuaciones que se hayan desviado de su dictamen. En su opinión, más allá de que si se produjo un vicio al haber votado sin informe, la Corte no consideraría que se incumplió su dictamen, sino el procedimiento previsto en la LOFL lo cual no forma parte del fallo de marzo.
Sugirió que el Gobierno podría pedir a la CC que realice un requerimiento de información a la Asamblea sobre la forma en cómo se está desarrollando el juicio para determinar si se cumple o no con el dictamen.
“Sin informe, cómo vamos a decidir si no sabemos cuáles son las pruebas (con las que se acusa al presidente Lasso)?
Johana Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática.
