Este miércoles desde las 15:00, en una unidad judicial de Rumiñahui, se desarrollará la diligencia en contra del Consejo de Participación Ciudadana.
A través de una acción de protección, un ciudadano busca que se declare viciada la designación de Juan Carlos Larrea Valencia como titular de la Procuraduría General del Estado.
El pasado 21 de octubre, un día después de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) eligió a Juan Carlos Larrea Valencia como procurador del Estado, un ciudadano de nombre Marco Cajamarca Luzuriaga interpuso una acción de protección en un juzgado del cantón Rumiñahui de Pichincha, para que se declare “viciada” esta elección.
El trámite recayó en el despacho de la jueza Rita Perasso Céspedes, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Rumiñahui, quien negó la solicitud de medida cautelares, pero aceptó a trámite la acción de protección.
La audiencia se realizará este miércoles a las 15:00, en esta unidad judicial.
Cajamarca alegó que no se cumplieron los plazos en las etapas de la selección, que hay “conflicto de intereses” al escoger a Larrea y que no se dejó votar a la consejera Sofía Almeida, en la sesión en la que se archivaron las dos impugnaciones ciudadanas que se plantearon en contra de dos postulantes al cargo.
La terna fue remitida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y estuvo compuesta por los concursantes: Juan Izquierdo Intriago, Yolanda Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia, respectivamente.
Izquierdo y Salgado fueron objetados por presunta falta de probidad para ejercer el cargo, pero en una sesión del 18 de octubre, se desecharon las dos objeciones ciudadanas por falta de sustento jurídico. Esto se decidió con el voto dirimente del presidente del CPCCS, Hernán Ulloa.
En esta plenaria la consejera Ibeth Estupiñán se abstuvo, por lo que faltaba un voto a Ulloa para aprobar las resoluciones en las que se rechazaban y archivaban las impugnaciones.
La consejera Sofía Almeida participó de forma telemática y en el momento de la votación no se la escuchó. Entonces, Ulloa utilizó la herramienta de voto dirimente y se archivaron las dos impugnaciones.
Inesperadamente, cuando el secretario había proclamado los resultados, Almeida intervino y anunció su voto en abstención, pero la fase se había evacuado, según Ulloa, por lo que no se contabilizó su decisión.
No obstante, el solicitante de la acción de protección aseguró que a la consejera Almeida no se le “facultó la intervención, coartando su derecho de participación, ocasionando un incumplimiento al debido proceso”.
Adicionalmente, el ciudadano reprochó que en una sesión del 19 de octubre cuatro vocales: María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo hayan aprobado una resolución para hacer una consulta legal a la Procuraduría General del Estado, que dilucide su participación en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023 y de los siete miembros del CPCCS, en los que cinco de ellos buscan la reelección.
La iniciativa es para que la Procuraduría aclare si el artículo 108 del Código de la Democracia, que da inmunidad a los candidatos para ser procesados penalmente desde la inscripción de sus candidaturas, se aplica también a los candidatos al CPCCS que enfrentan juicios políticos en la Asamblea Nacional.
Ello porque los siete vocales están siendo interpelados en la Legislatura y cinco buscan la reelección: Rivadeneira, Estupiñán, Bravo, David Rosero y Javier Dávalos; aunque estos dos últimos no participaron de la sesión que resolvió hacer esta consulta.
Por estos argumentos, el recurrente pide que se declare viciada la elección y que se violó la seguridad jurídica “a la que todos los ecuatorianos tenemos derecho”, expresa en su escrito.
La magistrada aceptó el recurso porque es claro, preciso y cumpliría los requisitos previstos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
De forma paralela a esta acción, en la Asamblea Nacional, el asambleísta de Pachakutik (PK), Ricardo Vanegas, solicitó al presidente Virgilio Saquicela que no se posesione a Larrea Valencia como procurador hasta comprobar si hay o no conflicto de interés en su designación por ser accionista del Banco Guayaquil.
Esto porque, según el catastro de las entidades del sistema financiero de la Superintendencia de Bancos, consta como accionista del Banco Guayaquil desde el 2009. Tiene una acción y el banco tendría 7.000 accionistas.
Fuente: El Universo
