Ante esta decisión, la Fiscalía reconoció que es potestad del Consejo de la Judicatura evaluar a los agentes fiscales, pero aunque la institución aseguró que cumplirá las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno, administración, disciplina y vigilancia de la Función Judicial, demandó “transparente y objetiva” en la ejecución del nuevo proceso de evaluación y su culminación.
En este momento el acuerdo es dar inicio al proceso de evaluación de 812 fiscales de todo el país, proceso que estaba pendiente desde 2019. Esta semana se continuará el proceso con el debate del reglamento e instructivo para su aprobación con ambas partes.
La semana pasada, la Fiscalía General del Estado señaló que es necesario que se desarrolle un proceso previo que permita la recategorización de fiscales antes de que se realice desde el Consejo de la Judicatura el concurso interno de Oposición, Méritos e Impugnación Ciudadana y Control Social para la designación de fiscales provinciales.
En la cuenta de Twitter de la Judicatura que en la sesión extraordinaria 044-2023 el pleno del organismo aprobó la solicitud para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conforme la Veeduría Ciudadana que vigilará el concurso interno para la designación de fiscales provinciales.
“La solicitud de conformación de la veeduría será remitida al CPCCS por la Dirección General del CJ, pero no significa que se dé el inicio al concurso. Se trata de una acción previa para fortalecer la transparencia en este tipo de procesos”, aclaró la Judicatura.
Respecto al tema la Fiscalía emitió un pronunciamiento en el que señala que al conocer que en el concurso para fiscales provinciales únicamente se considerará a los fiscales de categoría 3 y se dejará de lado a los de las categorías 1 y 2, “estima prudente señalar que el proceso mencionado de recategorización es necesario para no vulnerar el principio de igualdad de los funcionarios, quienes han esperado esta opción de crecimiento laboral desde hace ocho años (2015)”.
La fiscal general, Diana Salazar, señaló que no permitirán que se repartan la Fiscalía General mediante este concurso para nombrar 23 fiscales provinciales y adelantó que defenderán la institución con las acciones constitucionales y legales que existen en el ordenamiento jurídico vigente.
“Habrá que preguntar al CJ cuál es la intención (del concurso). Recordemos que están (Wilman Terán) encabezando una acción de protección, indican que no tienen recursos para realizar (concursos), declaran nulidad en una evaluación de fiscales, pero ahora pretenden realizar concurso de fiscales provinciales. Entonces yo considero que todas las personas y sobre todo los funcionarios públicos debemos actuar con coherencia”, señaló la fiscal Salazar.
Justamente el martes último, Wilmán Terán, presidente del CJ y quien como ciudadano presentó una acción de protección contra el presidente Guillermo Lasso para que se entregue los recursos suficientes para el trabajo de la Función Judicial, sostuvo en su cuenta personal de Twitter que para el “concurso de Méritos y Oposición de Banco de Elegibles, Carrera Fiscales y Fiscales Provinciales, se requiere un monto de $ 1,7 millones, aproximadamente”.
Desde la Fiscalía se sostiene que existiría un número importante de funcionarios de carrera que no podrían participar porque la evaluación de fiscales se suspendió. “La Fiscalía segura de que cada institución cumplirá con sus competencias en el marco de la ley, velará porque este proceso se realice de una manera adecuada, sin vulnerar los derechos de los funcionarios y, primordialmente, respetando el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos”, anotó la Fiscalía en un comunicado.
