Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, ordenó el archivo de la denuncia por presunto peculado, que planteó hace 2 años la asambleísta del correísmo, Mireya Pazmiño, contra el entonces presidente Guillermo Lasso.
El caso se basaba en supuestas irregularidades en contratos, de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
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Dichas acusaciones fueron la base del juicio político contra Lasso, que no se concretaron porque el exmandatario decretó la “muerte cruzada”.
No hubo delito
Camacho aceptó el pedido de la fiscal general, Diana Salazar, de archivar definitivamente el caso, toda vez que no hay elemento alguno para deducir una imputación contra Lasso y otras seis personas, que entonces eran funcionarios de su gobierno o allegados.
Entre los supuestos implicados estaba Danilo Carrera, cuñado de Lasso; y Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).
La legisladora Pazmiño afirmó que había un caso de “delincuencia organizada”. Sin embargo, las investigaciones establecieron que no hubo delito alguno, ya que los contratos firmados Flopec y Amazonas Tankers, fueron suscritos durante la administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021).
Además, el propio Lasso presentó dichos contratos ante la Fiscalía, refutando el escándalo promovido por la asambleísta.
