El anunciado juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, no será tan rápido como se esperaba.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, y que ansía acelerarlo, tiene que resolver primero otros puntos, ya que, de acuerdo a la ley, las interpelaciones deben despacharse en el orden en que llegan.
Antes de Salazar está pendiente el juicio al ex ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien acusan de “incumplimiento de funciones”, por supuestamente no cubrir los bonos solidarios de la forma adecuada.
Después de resolver la situación de Bernal, la Asamblea debe acometer las interpelaciones de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal. De ahí seguirá el ex ministro del Interior, Juan Zapata.
Solo entonces se podrá gestionar el proceso contra la fiscal, piedra en el zapato del correísmo por la forma en que ha perseguido los actos de corrupción. Pero cálculos conservadores señalan que al menos se tardará 2 meses el Parlamento, en convocar formalmente a Salazar.
Después de la fiscal será el turno del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, actualmente en prisión, e implicado en irregularidades durante su gestión como juez.
Aunque la Revolución Ciudadana persigue el juicio a la fiscal, la alianza ADN, del gobierno, y el Partido Social Cristiano, señalaron varias veces que no respaldarán una moción de censura.
