La orden de prisión preventiva contra Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y acusado de tráfico de influencias y cobro de “diezmos”, es desproporcionada.
Así se expresó el jurista Julio César Cueva, al ser consultado por “Punto de Orden”.
A su criterio, la prisión preventiva, y más aún en la Cárcel “La Roca”, que es la de mayor seguridad en todo el país, resulta exagerada en relación a los delitos.
Cueva explicó que, de acuerdo a la ley, todo juez debe analizar la gravedad de una infracción, y aplicar sanciones de forma proporcional.
Sin embargo, está de acuerdo en investigar a fondo el posible tráfico de influencias y el cobro de “diezmos”, sean por el valor que fuesen.
El jurista coincidió en que es un tema muy sensible para la vicepresidenta Abad, quien está en Israel por órdenes del presidente Noboa, en calidad de embajadora por la paz. Si ella decidiera regresar al Ecuador sin autorización, podría exponerse a un procedimiento legal que le traería hasta la destitución, por abandono de funciones.
Chats de Aleaga no cumplen requisitos
En otro ámbito, el jurisconsulto expuso sus dudas sobre los supuestos chats telefónicos con la fiscal, Diana Salazar, que afirma tener el exasambleísta del correísmo, Ronny Aleaga.
Cueva advirtió que Aleaga debe demostrar, en primer lugar, dónde y cuándo sostuvo esos chats; luego, el código que garantice el origen real de las conversaciones; un certificado de confiabilidad de la información; un reporte del presunto experto que hizo el peritaje; y lo más importante aún, la certificación judicial de la cadena de custodia del teléfono, y la orden del juez que autorizó la experticia.
Ninguno de esos elementos, hasta ahora, ha sido presentado ante el país, apuntó el jurista.
Además, en ningún momento el Senado de Estados Unidos ha pedido u ordenado tal pericia.
Para Cueva, la fiscal falló al darle importancia a las escandalosas denuncias de Aleaga.
El analista reconoció el duro trabajo que debe realizar Salazar, debido a la falta de personal, recursos y tecnología. Basta recordar que, solo en el “Caso Metástasis”, hay 12.500 páginas de información, que debe ser revisada línea por línea, y más aún, descifrada y colocada en contexto.
Cueva coincidió en que la defensa de los implicados en esta red de corrupción, y en muchos otros casos penales, tratarán de conseguir la destitución de Salazar, para tratar de gestionar la elección de otro fiscal, que se ajuste a sus intereses.
Por último, puntualizó que no hay persecución política alguna.
