Impresentable. Así califica el reconocido jurista, Carlos Sánchez Gaete, la gestión de la Asamblea Nacional.
En diálogo con “Punto de Orden”, expresó su total desacuerdo con la decisión del Consejo de Administración Legislativa, de pedirle a la Corte Constitucional (CC) una aclaración en torno al dictamen de un juez de Quito, sobre los juicios políticos que fueron archivados.
El magistrado acogió una acción de protección planteada por Inés Alarcón, parlamentaria de ADN, y ordenó que las interpelaciones de Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, ex ministro de Economía, ex secretario de la Administración y ex secretaria de Educación Superior, respectivamente, sean reanudadas.
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La Comisión de Fiscalización los había archivado, para agilizar los de la canciller, Gabriela Sommerfeld; de la ministra del Interior, Mónica Palencia; y de la fiscal general, Diana Salazar. De acuerdo a la ley, las interpelaciones se tramitan en el orden en que ingresan.
El juez estableció que se violaron los derechos de fiscalización de la legisladora Alarcón, y dispuso reactivar los 3 procesos. La Asamblea, a través de su secretario, Alejandro Muñoz, anunció que no acataría el fallo. Sin embargo, después reculó y pidió el pronunciamiento de la CC, ante el peligro de una destitución masiva.
Para el jurista Sánchez Gaete, la CC no tiene que “modular” la sentencia del juez. El único camino del Parlamento es apelarla.
Además, advirtió que Muñoz no tenía atribuciones para actuar como vocero de la Legislatura. Esta actuación podría acarrearle acciones legales de la Fiscalía.
Su crítica apunta a la pérdida de tiempo de la Asamblea que, en lugar de tratar leyes urgentes, quiere fiscalizar “a la carta”.
Mucho más importante, dijo, es, entre otros temas, implementar un régimen sancionatorio para menores, pues cada vez más crímenes, incluyendo asesinatos, son perpetrados por adolescentes.
Sánchez estimó que una eventual reforma en este sentido, debería variar de acuerdo al delito cometido por el menor.
