Para el constitucionalista Pablo Alarcón, el decreto de la “muerte cruzada” es legítimo, y por tanto, plenamente válido.
Alarcón, ex asesor de la Corte Constitucional, reconoció que dicha figura es reconocida en la Constitución de la República, si bien señaló que nadie pensaba que sería aplicada tan pronto.
A su criterio, el gobierno debe implementar una campaña de difusión, para explicarle a los ciudadanos, y más aún, a la opinión internacional, que actuó conforme a derecho, y no que disolvió la Asamblea Nacional para implementar una dictadura, como pretendió hacer el ex presidente peruano, Pedro Castillo.
Faltó fuerza en motivar causales
El jurisconsulto estimó que el decreto de la “muerte cruzada”, debió tener más fuerza al señalar las causales. Aunque cesar al Parlamento es una prerrogativa del presidente, por una sola vez en su mandato, faltó detallar más la motivación.
Para Alarcón, no cabe ahora aceptar ahora demandas de protección, que no sean en la propia Corte Constitucional. Sin embargo, en este caso podría aplicarse la tesis de “hechos consumados”, lo cual implicaría no suspender el decreto, pero sí tomar sus efectos para futuras interpretaciones.
Si bien la corte podría suspender provisionalmente los efectos de la “muerte cruzada”, no es obligatorio que lo haga. Dependería de una demanda bien planteada, ya que está en capacidad de actuar de oficio.
Alarcón consideró que no es saludable para la democracia, que la Corte Constitucional deba resolver todos los problemas del país. Y más aún si eventualmente toma un fallo con un proceso electoral en marcha, algo que generaría enorme confusión nacional.
