El presidente Guillermo Lasso actuó dentro de la ley, al decretar la “muerte cruzada”, que implica el cese inmediato de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones.
Así se pronunciaron Ana Belén Cordero y Nathaly Arias, quienes eran legisladoras oficialistas.
Decreto es plenamente constitucional
Para Cordero, la “muerte cruzada” es tan constitucional como el juicio político instaurado contra el mandatario, y, por tanto, está en vigencia.
La ex parlamentaria restó importancia a la anunciada demanda, que presentará ante la Corte Constitucional el Partido Social Cristiano –o lo que queda de él, según sus palabras-.
Cordero señaló que los actores políticos tienen todo el derecho de pedir lo que sea, pero hasta UNES, el principal opositor del gobierno, ya acató la decisión.
La integrante de CREO explicó que la decisión fue tomada por el presidente, junto a sus principales colaboradores y el alto mando militar, la medianoche del martes. Y si bien la entonces bancada del gobierno no la sabía aún, sí estaba advertida que la “muerte cruzada” podía ocurrir en cualquier momento.
Medida era necesaria
En parecidos términos se expresó su coidearia Nathaly Arias, quien también integraba el bloque legislativo del gobierno.
En su opinión, la “muerte cruzada” fue una respuesta necesaria ante una oposición, carente de madurez política, sin sintonía con la realidad del país, y que llevó a juicio al presidente con ausencia total de pruebas.
En su opinión, el mandatario obró correctamente, pues sufría un constante bloqueo por parte de ciertos partidos, más pendientes de sus intereses.
Arias anotó que la oposición “desnaturalizó” el quehacer legislativo, creando un ambiente irregular.
Con Cordero coincidió en que habrá reuniones en estos días, para definir la estrategia electoral.
