Ecuador vive un grave problema de “justicia a la carta”.
Así lo definió el periodista Juan Carlos Calderón, director del portal digital de investigación “Plan V”, en diálogo con “Punto de Orden”.
Para Calderón, los casos “Metástasis” y “Purga” dejaron en evidencia cómo se falsifican sorteos y se venden sentencias, mediante redes delictivas y operadores políticos que están al servicio del narcotráfico, y prácticamente de cualquier otro delito.
El gran objetivo, dijo, es la impunidad.
En este marco, estimó que existe un sospechoso interés de desviar la atención del público, para hacerle creer que el mayor problema es la presencia de mafia albanesa en Ecuador, cuando la realidad nos indica que son los carteles mexicanos, especialmente los de Sinaloa y Jalisco, los que tienen tomado el país.
Calderón calificó de alta gravedad el intento que perpetraron ciertos legisladores, de levantar la reserva de las investigaciones fiscales, con el exclusivo propósito de conocer detalles y transmitirlos a sus socios del crimen.
Asimismo, advirtió otro grave problema: la mala experiencia que nos dejan los organismos de control. Por ejemplo, la Contraloría. Los dos últimos contralores están en prisión.
El comunicador lamentó que muchos funcionarios miren los recursos públicos como botín, con el fin de saquearlos, en lugar de buscar la forma de protegerlos. Basta recordar que solo en los últimos gobiernos, se han reportado más de 300 casos de corrupción.
Un problema que se agrava, por las justificaciones que intentan dar. Basta recordar al ex presidente Correa, defendiendo sobornos porque los considera “acuerdos entre privados” y no delitos.
A su criterio, gran parte del problema se debe al deterioro del sistema electoral, que ahora tiene campañas al estilo feria, llenos de dinero sucio y ofreciendo espacios de poder a cambio de financiamiento.
Prueba de ello es la falta de control dentro del Consejo Nacional Electoral, precisamente porque sus miembros son representantes de los partidos y movimientos.
En resumen, quieren poner la institucionalidad del país a su servicio, cuando debería ser al revés.
