La Justicia de los EEUU incautó los teléfonos de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección.
El Tribunal de EEUU los ha citado a declarar el próximo 30 de julio.
El operativo ocurrió en el aeropuerto de Nueva York, antes de que el equipo argentino emprendiera el regreso a Buenos Aires tras su participación en la Copa del Mundo. La investigación también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
En un principio, la AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, negó que se hubiera realizado el operativo. “Es rotundamente falso”, indicó el letrado y agregó: “Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.
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Según pudo reconstruir Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos.
Este hecho ocasionó el retraso del vuelo de retorno de los jugadores que iban en el mismo vuelo.
Las fuentes locales que confirmaron el hecho aseguraron que las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por la compañía Aerolíneas Argentinas.
Según documentos judiciales a los que accedió Infobae, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó que aporte toda la información disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
