La contraloría General del Estado, examinó distintas operaciones de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP) al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las operaciones auditadas se efectuaron entre julio de 2018 y marzo de 2023.
El organismo de control, estableció que entre ese periodo de tiempo, la UNA tuvo dificultades para recuperar arroz perteneciente a la reserva estratégica del Estado, de la empresa que contrató para almacenarlo y que no se impusieron multas al contratista.
La contraloría determinó que la compañía contratada en 2019 para prestar el servicio de almacenamiento y conservación de arroz pilado, a fines del contrato no devolvió a la UNA la gramínea y subproductos valorados en 2 ‘914.818 dólares.
El informe señala que por la tardanza en la devolución, entre otras dificultades, en octubre de 2022 el liquidador de la UNA EP presentó ante la Fiscalía de Daule una solicitud urgente, luego la Policía allanó las instalaciones de la piladora, pero en el lugar no se encontraban los 196.278 quintales con productos de la empresa pública.
El contratista incumplió durante 1.036 días el cronograma de entregas de los productos a su cargo y no observó sus obligaciones contractuales. Sin embargo, los administradores del contrato no establecieron multas por 145.754 dólares, ni solicitaron la terminación parcial del contrato.
Por observaciones hacia la administración de bienes realizada por la auditoría, se identificaron diferencias por 5 ‘832.901 dólares en saldos contables, y los registros de la UNA no contaban con egresos o bajas del inventario que justifiquen su uso.
El equipo de control tampoco encontró documentos que evidencien la ejecución de constataciones físicas a las bodegas de la UNA entre 2018 y 2022. Acerca de las gestiones de cobro, un informe especial indica que al 31 de marzo de 2023, la UNA EP tenía facturas vencidas por hasta 1.922 días y que ascendieron a 123.008 dolares.
Los funcionarios no habrían emitido las órdenes de cobro ni agotaron los medios para notificar a los deudores o iniciaron trámites de ejecución coactiva, esto hizo que la entidad no cuente con recursos para cumplir sus objetivos.
