La corrupción en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil impide que los afiliados reciban fármacos, accedan a cirugías o terapias.
La Fiscalía y la Contraloría han detectado que el problema se enquista en las cuatro fases del proceso de contratación pública. Son, al menos, ocho rutas de irregularidades, desde favorecer a proveedores no calificados hasta actas de entrega fraudulentas.
En este mes la Contraloría confirmó más de USD 8,6 millones en glosas por anomalías en las compras realizadas entre 2014 y 2019.
Solo en un proceso hubo un sobreprecio del 992%. Se trata de un contrato del año 2018 pedido por el área de enfermería para adquirir distintos insumos.
Entonces solicitaron la compra de 32 ítems y en 26 se detectaron precios unitarios sobreestimados. Por su parte, la Fiscalía registra 25 denuncias que apuntan al Teodoro Maldonado en los últimos ocho años. El 48% de los casos son por presunto peculado, por la apropiación de dineros públicos.
Del total de denuncias, 17 están en indagación previa.
Una cura que no se aplica
Mientras que una clínica privada adquirió una prótesis de hombro en USD 4 000, el Teodoro Maldonado Carbo pagó USD 20 000. El contrato, firmado en 2019 para el área de Traumatología, y donde consta la adquisición de la prótesis, tuvo un sobreprecio de USD 1,4 millones. La semana pasada cuatro implicados fueron llamados a juicio por este caso.
Este es uno de los cuatro expedientes ligados al hospital del IESS y cuyas investigaciones están a cargo del fiscal César Suárez.
Él ha identificado desde bodegueros que emiten informes de ‘stock’ cero para crear una falsa necesidad de compra, hasta estudios de mercado hechos por los mismos proveedores para beneficiarse con altos montos.
Aunque la contratación implica a varios actores, Suárez dice que el epicentro de la corrupción está en el área de Compras Públicas.
Algunos funcionarios investigados siguen trabajando. Pero la ruta de las irregularidades se abre paso en las fases de contratación: preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución. En las dos primeras se incurre en calificar a proveedores que no cumplen requisitos.
Por ejemplo, uno de los contratos se adjudicó a una empresa que vende productos de papelería. En la etapa contractual surgen otras alteraciones, como no aclarar la fecha tope de recepción.
Y en la ejecución, pese al incumplimiento de las entregas, no se aplican las multas. “Hay adquisiciones sin justificar el precio, deficiencia en especificaciones técnicas, productos sin registro sanitario, fármacos entregados en préstamo a otros hospitales sin que se apliquen los mecanismos de devolución”.
Esto lo dijo el subcontralor Alberto Jaya a inicios de este mes, en la presentación de un informe ante la Asamblea Nacional.
La radiografía actual
Francisco Pérez está por cumplir dos meses en la gerencia del Teodoro Maldonado y esta semana presentó su radiografía: hay un 55% de abastecimiento en medicinas e insumos, ocho de 20 quirófanos funcionando y áreas abandonadas desde 2015.
La meta es llegar a un ‘stock’ del 80% hasta noviembre, aunque los grandes procesos de compra están en trámite, según indicó.
La salida inmediata, dice el Gerente, es la ínfima cuantía (adquisiciones de no más de USD 6 900).
Este mecanismo es rápido, pero ha generado anomalías.
La Comisión Anticorrupción cree que el problema es el reciclaje de directivos y de proveedores.
Ejecución
En algunos casos, los proveedores del Teodoro Maldonado presentan garantías fraudulentas, supuestamente otorgadas por cooperativas de ahorro y crédito o aseguradoras. Estas luego son desmentidas.
Algunos contratos no aclaran la fecha máxima para las entregas. Esto da paso a dilaciones por parte del oferente, pese a que ya recibieron parte del dinero o el valor total.
En las auditorías se ha detectado actas de entrega y recepción adulteradas. Suelen hacerse sin verificar que los bienes hayan llegado a las bodegas; tampoco se revisa que cumplan con las especificaciones técnicas citadas en los contratos.
Las prórrogas por más de 300 días, aprobadas por personal del hospital, son otra anomalía. Tampoco han aplicado las multas que permite la Ley por el incumplimiento de los plazos contractuales.
Etapa previa
En la fase preparatoria se suele dar vía libre a proveedores que incumplen requisitos como experiencia en el manejo de medicinas, insumos o servicios médicos.
Algunos oferentes no tienen certificados, BPA (buenas prácticas de almacenamiento), ni tampoco permisos de Arcsa. Sin embargo, son habilitados por las comisiones técnicas.
El mal estudio de mercado es un problema recurrente. Los organismos de control han detectado proformas hechas por las empresas que trabajan con los proveedores, con altos precios. Esta es la vía de los sobreprecios.
En la fase precontractual, los proveedores son aprobados, pese a irregularidades como falta de experiencia previa o personal calificado. En esta etapa se conforma una comisión técnica, generalmente integrada por profesionales de la salud.
Fuente: El Comercio
