La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó un extenso comunicado este miércoles luego de que el gobierno de Bolivia rechazara el pedido de la organización para que se deje en libertad a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y anunciara que adelantará gestiones contra el secretario general, Luis Almagro, “por sus reprochables acciones”.
“La impunidad nunca es una opción para un pueblo”, remarcó la OEA en su escrito, al tiempo que volvió a “pedir juicios justos, creíbles e imparciales”.
“Son absolutamente necesarios (…) y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente”, remarcó.
“Respecto al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano emitido en el día de ayer, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desmiente los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General”, comienza el comunicado.
Y continúa: “La Secretaría General reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante. Juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente”.
Luego sostiene que “lamentablemente esta situación se ha agravado, lo cual afecta sustantivamente la credibilidad de los procesos en curso. Las acciones de cooptación de la justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS (el partido oficialista), así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno”.
La OEA pidió por “un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, en los artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y dijo que “son también parte de los elementos de la democracia que compete a la Secretaría General promover y consolidar, como a todos los órganos y miembros de la OEA”.
La Secretaría General de la OEA consideró que “no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores” y dejó en claro que “la participación de la Misión de Observación Electoral y de la Misión de Auditoría se realizaron por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia, con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna ‘injerencia colonialista’, concepto completamente absurdo en este caso”.
“La impunidad nunca es una opción para un pueblo”, remarcó la OEA en su comunicado y subrayó que “es verdaderamente inaceptable y repudiable pretender que esos informes (los suyos) hayan generado violencia y convulsión social. La violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto eleccionario del 19 de octubre de 2019″.
Luego hizo un repaso por las recomendaciones del organismo hacia Bolivia en los últimos meses de 2019, cuando el país estaba sumergido en una crisis política grave; y remarcó: “No es de recibo pretender que un informe documentado y probado genera hechos de violencia”.
También recordó que la Secretaría General “emitió comunicados llamando a la paz social y condenando la violencia durante ese período, así como hizo gestiones para la visita de la CIDH al país y posteriormente a la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que permitiera una investigación imparcial de lo ocurrido en el país. La Secretaría General siempre urgió las investigaciones de lo ocurrido”, destacó.
Por último, condenó “cualquier forma de amenaza expresada contra el Secretario General, funcionarios de la OEA o integrantes de las Misiones de Observación Electoral o de Auditoría que debieron abordar trabajos respecto a la situación institucional de Bolivia o sus procesos electorales”.
“En cuanto a la absurda acusación de la participación de la OEA en un golpe de Estado se reitera lo señalado el 10 de noviembre de 2019 -cuando se presentó el informe de la auditoría- respecto a que ‘la situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas′. Y agregaba que ‘asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales’. La OEA fue la única organización regional o multilateral que solicitó que se respetara ese mandato constitucional”, recordó.
“En consecuencia con lo anterior, y con el afán indeclinable de que la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano, la Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata. La Secretaría General remitirá a la CPI también las conclusiones e informes del GIEI, ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia”, concluyó.
