El País .- Desde que el viernes 16 de septiembre el Consejo Constitucional chileno comenzó sus votaciones para elaborar un borrador de Constitución, que debe ser entregado el 7 de octubre para pasar una segunda etapa de revisión, el proceso se ha enredado y corre un alto riesgo de fracaso. Esa posibilidad ha movilizado a un grupo de formaciones políticas para conjurar un nuevo fiasco. El órgano conformado por 50 integrantes, donde el oficialismo de izquierda solo tiene 17 asientos y la oposición 33, ha aprobado enmiendas impulsadas por el Partido Republicano, de la extrema derecha, que tiene el control con 22 delegados. Si la semana pasada se aprobaron artículos como “el derecho a la vida de quien está por nacer”, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda (que beneficia a los de mayores ingresos), este lunes se visó el capítulo sobre el Congreso Nacional. Fue despachada, adicionalmente, una norma que reduce el número actual de 155 diputados a 138.
Los detractores del borrador aumentan con los días y, ante el peligro de una segunda derrota, los partidos alejados de los extremos intentan una operación de salvataje. El diario La Tercera informó de que este lunes los presidentes de los partidos UDI y RN, de la derecha tradicional de oposición, y del Partido Socialista, de la izquierda oficialista, se reunieron para buscar fórmulas y rescatar el proceso actual. Porque, aunque todavía quedan etapas por delante para mejorar el texto –el 7 de octubre el nuevo borrador volverá a la Comisión Experta–, estas opciones se estrechan con las horas.
Ha sido un proceso complejo que, según reflejan diversos sondeos de opinión, no solo no tiene el interés ni la confianza de la ciudadanía, sino que ha visto aumentar el rechazo de de los votantes pese a que no está terminado. Al respecto, la encuesta Cadem del domingo arrojó que un 59% no aprobaría la nueva Constitución, dos puntos más que hace una semana. Solo un 21% se muestra a favor de apoyar el texto en el plebiscito del 17 de diciembre, el dato más bajo en seis meses.
La tensión dentro del Consejo Constitucional que ha imperado en las votaciones ha ido más allá del pleno. Sucedió porque al complejo clima que ya se vive en el órgano entre el oficialismo y la oposición se han sumado ahora las críticas desde la derecha tradicional a las normas aprobadas que han sido impulsadas por los republicanos, cuyo líder, José Antonio Kast, quiere postularse a La Moneda en 2025.
El domingo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, partido que es parte de Chile Vamos y la principal carta presidencial de la derecha tradicional, dijo en una entrevista a CNN que este segundo proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”. Y agregó: “Ojalá se pueda aprobar. No estoy diciendo que esté en contra de aprobar una nueva Constitución. Lo que estoy diciendo es que esta, que están escribiendo ahora los consejeros, no se va a aprobar, no tiene ninguna probabilidad de aprobarse” y que “la única forma en que se pueda aprobar es una que ofrezca estabilidad. Es decir, que haya un consenso, y ese consenso lo genera el texto de los expertos, pero no lo que se está votando hoy día en el Consejo”.
Tras la advertencia de Matthei, Kast inició este lunes una ofensiva a través de su cuenta de X (exTwitter) y, durante el día, emitió mensajes defendiendo las enmiendas republicanas y criticando a la oposición y al Gobierno.
Existe un problema de fondo: “Nadie quiere realmente asumir el costo que supone adherir a la opción Apruebo para terminar siendo derrotado, y probablemente aniquilado en el plebiscito de salida de diciembre próximo”, escribió Alfredo Joignant este fin de semana en EL PAÍS. Es lo que, desde el Partido Republicano, piensan que intenta hacer Matthei, la derechista que le planta cara a Kast con un discurso más liberal: quitarse el peso de la mochila de un eventual derrota en el referéndum y traspasarlo a los republicanos.
Las declaraciones de Matthei desordenaron el tablero. En estas horas, en Chile se escuchan voces desde la izquierda que el borrador de la Comisión Experta -que elaboró un anteproyecto moderado y de consenso- ingrese como reforma constitucional al Congreso y, de esa forma, saltarse el trabajo del Consejo. Kast se opone: “Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, escribió en la red social X, achacando esta operación al Gobierno de Boric.
El senador UDI Javier Macaya, de la derecha tradicional, manifestó la noche de este lunes su compromiso con el proceso actual, pese a las declaraciones de Matthei, que milita en su partido: “Estamos trabajando para que gane el ‘A favor’ el 17 de diciembre para tener una buena Constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17 de diciembre llevando al Congreso texto de los expertos o algo similar”, escribió el líder de este partido histórico de la derecha.
Rechazada una norma sobre paridad
Chile se encuentra en su segundo intento en tres años de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En septiembre del año pasado un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. Hoy el Consejo Constitucional trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, redactó la Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos al que hoy la oposición, en especial los militantes del Partido Republicano, le han presentado una serie enmiendas.
La modificación del número de parlamentarios provocó un nuevo choque entre el oficialismo y la oposición. La norma obtuvo 30 votos a favor, pero se abstuvieron de respaldarla tres consejeros del conglomerado de Chile Vamos, de la derecha tradicional. En cambio, la izquierda completa votó en contra, que le achacó a las derechas, en especial a Republicanos, no saber técnicamente las razones de cómo se llegó a esa cifra (en Chile ya se había hecho una reforma anterior para incrementar de 120 a 155 los parlamentarios).
El pleno también aprobó, entre otras normas, una que establece que los parlamentarios que renuncien al partido que declaró su candidatura cesará en sus funciones. Es una propuesta para combatir a los díscolos. La votación fue unánime.
Además, durante el pleno, que reúne la discusión de los 50 integrantes del órgano constitucional, se rechazó con la abstención de Republicanos- la norma transitoria sobre paridad de género en el Congreso. Emanada de la Comisión Experta, era una propuesta destinada a generar un equilibrio de un 60% y 40% entre hombres y mujeres, que implicaba una corrección si es que no se cumplía. Correría para las dos elecciones siguientes a la entrada en vigencia del nuevo texto.
