El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ganado notoriedad internacional por su enfoque radical en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado. Sin embargo, su estrategia de seguridad —que incluye el uso intensivo de cárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)— ha despertado fuertes críticas de organismos nacionales e internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Recientemente, Bukele ofreció el Cecot al Gobierno de Estados Unidos como centro de reclusión para migrantes deportados, intensificando el debate sobre las condiciones carcelarias en el país. Aunque su administración asegura que sus políticas buscan garantizar la paz y la seguridad, diversas organizaciones han documentado muertes bajo custodia, torturas y detenciones masivas de personas inocentes desde la instauración del régimen de excepción en 2022.
Activistas y expertos legales señalan que, bajo este régimen, miles de salvadoreños han sido arrestados sin pruebas sólidas, muchas veces por simples sospechas de vínculos con pandillas. Las condiciones dentro de las prisiones, especialmente en Cecot, han sido descritas como inhumanas, con falta de acceso a asistencia legal, atención médica deficiente y castigos físicos como forma de control.
A pesar de las denuncias, Bukele mantiene un alto índice de popularidad dentro del país, respaldado por una baja histórica en los niveles de homicidios. No obstante, la comunidad internacional observa con creciente inquietud el rumbo autoritario que podría estar tomando el gobierno salvadoreño, mientras el costo humano de su modelo de seguridad sigue siendo motivo de controversia.
