El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles un controvertido decreto que convoca a una consulta popular, a pesar de que el Congreso ya había rechazado esa iniciativa semanas atrás. La medida ha sido duramente cuestionada por juristas, analistas y organizaciones civiles, quienes advierten que podría representar una ruptura en el equilibrio democrático del país y derivar en una crisis constitucional. Petro argumentó que la votación parlamentaria no fue válida por supuestas irregularidades, como el registro de 96 votos cuando había 97 congresistas presentes y el desconocimiento de un cambio en el sentido del voto.
El Gobierno sostiene que, si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto será retirado. Sin embargo, la firma del decreto —apenas un día antes de que venciera el plazo legal para hacerlo— ha sido vista por la oposición como un acto de presión institucional y un gesto autoritario. Humberto de la Calle, reconocido jurista y actor clave en la reforma constitucional de 1991, afirmó que se trata de una «clara violación de la Constitución».
El decreto llega en una semana marcada por la polarización política y el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crítico declarado de Petro y de la consulta popular. Uribe permanece en estado crítico, y aunque no se ha confirmado la autoría del ataque, el clima de tensión política ha escalado rápidamente.
