Grupos de estudiantes acogen en los campus a los manifestantes llegados de las regiones mientras el Gobierno blinda la capital ante la movilización de este jueves. El estallido social ha dejado más de 50 muertos
En el día de su aniversario, Lima, la capital que a menudo vive al margen de lo que sucede en el resto del país, recibió a miles de peruanos que reclaman ser escuchados. La llegada, a lo largo del miércoles, no fue sencilla: en los últimos días, la Policía reforzó sus controles en las carreteras, impidiendo el paso a los manifestantes que procedían de diversas regiones, principalmente de la sierra. El propósito: debilitar la protesta que se ha fijado para este jueves bautizada como Gran Marcha de los Cuatro Suyos, en alusión a la movilización social que acabó con el régimen de Alberto Fujimori a inicios de la década de los 2000. Las fuerzas del orden intentaron cercar la capital, fundada como Ciudad de los Reyes en enero de 1535.
“Sabemos que quieren tomar Lima. Yo los llamo a tomar Lima, pero en paz y en calma”, dijo en la víspera la presidenta, Dina Boluarte, en esta ocasión con un tono conciliador después de su último mensaje a la nación, en el que tildó de “azuzadores” y “violentistas” a los ciudadanos del sur del país que desde hace más de cuarenta días piden su salida de Palacio. La crisis se originó el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un autogolpe con la disolución del Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas de Perú.
Desde la madrugada del miércoles, un grupo numeroso de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupó el campus universitario con una finalidad: albergar a las delegaciones de manifestantes, provenientes del interior del país. “Ya van más de 50 muertos. Esta es una campaña de amedrentamiento contra el pueblo. Nosotros no podemos permanecer indiferentes y tenemos que solidarizarnos con nuestros compañeros de lucha”, afirma un estudiante de la facultad de Derecho. La casa de estudios se ha convertido, pese a las advertencias de la rectora, Jeri Ramón Ruffner, en el refugio transitorio de ayacuchanos, cusqueños, apurimeños y puneños, precisamente los más golpeados por la represión policial.
En la otra orilla se encuentra el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, quien les dio la bienvenida a los protestantes, cediéndoles el campus para tener dónde pasar la noche antes de la marcha. “Les pido que se organicen y cuiden la seguridad. Esta es su casa, cuiden su casa. Eviten infiltrados”, señaló. También se han sumado grupos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Por la mañana, la presidenta Dina Boluarte, acompañada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participaron de la misa y el Te Deum por el aniversario 488 de la capital. Por la tarde, el Perú se volvió a teñir de sangre: en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, en Puno, falleció una mujer de 35 años por un proyectil de arma de fuego. Y un hombre de 30 años resultó gravemente herido, también por arma de fuego, y se encuentra con pronóstico reservado. Este hecho desató la ira de la población y por la noche unos manifestantes le prendieron fuego a la comisaría y a la sede local del Poder Judicial. Además, se sumaron dos víctimas por los bloqueos de carreteras, en la región La Libertad: un bebé prematuro de 28 semanas y una mujer de 51 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio y no tuvo atención médica.
Por otro lado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión ordinaria para evaluar la situación del Perú desde Washington. Luz Elena Baños, representante de México, expresó su preocupación por el “uso desproporcionado de la fuerza pública” mientras que Alejandra Solano, su par de Costa Rica, instó “al respeto de los derechos humanos”. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, opinó: “El derecho a la protesta pacífica debe respetarse; el derecho a que el Estado proteja el orden también”. En tanto, Paul Duclos, director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la Cancillería de Perú, alcanzó a decir que “se ha establecido una Comisión Multisectorial para atender a los deudos de las personas fallecidas”.
Hasta la fecha, han fallecido 53 personas por el conflicto que inició el 7 de diciembre luego del autogolpe de Pedro Castillo: 42 de ellos por enfrentamientos contra las fuerzas del orden, diez a causa del bloqueo de carreteras y un policía. Además, según la Defensoría del Pueblo, se registran 722 manifestantes heridos y 442 agentes policiales lesionados. Para este jueves se espera la movilización más grande de los últimos tiempos en Lima.
Fuente: El País
