Primicias .- Un proceso ágil para reestructurar la situación financiera de 40.313 empresas y evitar quiebras plantea el nuevo decreto ley propuesto por Guillermo Lasso.
El 21% de las empresas en Ecuador está en disolución, que es un paso previo a la liquidación o quiebra, y es una cifra que podría aumentar si llega el Fenómeno de El Niño.
Para evitar un efecto contagio en el sector productivo, el presidente Guillermo Lasso propuso el 7 de julio de 2023 el decreto ley llamado Ley de Reestructuración Empresarial. Se trata de una ley de quiebras, que en Estados Unidos se conoce como Capítulo 11 (Chapter 11).
Según Esteban Ortiz, exintendente de Compañías, la propuesta es lo más moderno en derecho societario y su aprobación es urgente para enfrentar un escenario de eventual crisis económica debido a los riesgos climáticos próximos a enfrentarse.
Para su aplicación, el Gobierno requiere el dictamen favorable de la Corte Constitucional.
A Flourish chartSalvar a las empresas
El nuevo decreto ley del presidente Guillermo Lasso busca la reestructuración financiera de las empresas que son solventes, pero que están pasando por problemas de liquidez. Y, de esa forma, salvarlas, explica Ortiz.
Para ello, el decreto ley regula los llamados procesos concursales o concordatos, que permite a los deudores llegar a acuerdos de pago con sus acreedores.
¿Cómo funciona? Ortiz define a este mecanismo como “un tanque de oxígeno”, porque se suspenden los procesos judiciales que está enfrentando la compañía y obliga a los acreedores a sentarse con el deudor y hallar acuerdos de pago con los acreedores, dice Ortiz.
Además, bajo esa figura, las sociedades pueden dejar de pagar temporalmente sus préstamos a instituciones financieras.
Ortiz aclara que los pagos a los trabajadores no dejan de hacerse, sino que el concordato permite que siguen cumpliéndose a tiempo.
Y da la oportunidad a las compañías de negociar con los acreedores, renegociar sus deudas y, de esa manera, evitar su cierre definitivo.
“Lo que le interesa al Estado es que una empresa no cierre, sino que siga con su actividad económica y, así, evitar que se pierdan empleos”, concluye Ortiz.
Uno de los problemas es que llegar a un concordato requiere ahora de la aprobación del 75% de los acreedores, lo que era muy difícil de conseguir. Y, solo para admitir a trámite, la Superintendencia de Compañías tardaba seis meses.
La reforma propone bajar ese porcentaje al 51% de acreedores y que se admita inmediatamente el trámite.
Los argumentos
El principal argumento del Gobierno para emitir una ley de quiebras es la proximidad del Fenómeno de El Niño, que podría producir daños en el sector productivo por USD 3.000 millones.
Si bien en Ecuador existe una Ley de Concurso Preventivo, que pretendía ser una ley de quiebras, data de 1997 y es “ineficiente”, añade Ortiz.
De hecho, la Superintendencia de Compañías solo han calificado 27 solicitudes concursales desde que esa ley fue aprobada hasta 2021. Pero la gran mayoría de esos procesos terminó sin la suscripción de un acuerdo que viabilice el rescate de las compañías deudoras.
En países como Colombia se han presentado más de 25.003 solicitudes de concurso solo en el 2019.
Ecuador ya hizo un primer intento de contar un proceso más ágil para la reestructuración de compañías, a través de estos llamados procesos concursales de la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Derivada del Covid-19. Pero fue un régimen temporal que terminó el 22 de junio de 2023.
