El País .- El mandatario ofrece a la empresa 8.000 millones de pesos para adquirir sus canteras de tierra caliza y convertir el terreno en una reserva natural
El Gobierno de López Obrador busca zanjar de una vez por todas el largo conflicto con Vulcan Materials. La minera estadounidense es propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, mantiene desde hace años un conflicto con la Administración federal por el control de esos predios. La disputa ha escalado en la medida en que se acerca el fin de este mandato. Este viernes, el presidente ha vuelto a cargar contra la empresa en su conferencia matutina a través de un video en el que acusa a la empresa de causar un daño ecológico y ha asegurado que resolverán la controversia antes de 2024.
La propuesta del Ejecutivo apunta a la compra de los predios por entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, sin embargo, también advirtió de que si la empresa no responde a esta oferta se considerarán acciones legales: “No ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a poder seguir explotando el banco, yo les aconsejo que no apuesten a eso, porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisión completamente legal”, zanjó.
Vulcan ha estado presente en México desde 1986, cuando firmó un acuerdo con el Gobierno federal para extraer roca caliza de dos terrenos cerca de Playa del Carmen, una de las joyas turísticas del Caribe mexicano. El acuerdo incluía la construcción de un puerto para exportar el material a EE UU, donde Vulcan es el mayor productor de material de construcción, con 1.400 millones de dólares en ganancias el último año. En 1996, la empresa compró, a través de su subsidiaria Calica, otros dos terrenos colindantes, El Corchalito y La Adelita, con una superficie de 1.251 hectáreas.
El trasfondo del conflicto entre ambas empresas es una demanda que Vulcan emitió en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan alega que la Administración anterior, que clausuró parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales, generó pérdidas a las inversiones hechas en México. La empresa exige en un panel internacional una indemnización millonaria bajo el amparo del TLCAN. La minera acusó a México de incumplir las obligaciones recogidas en el tratado comercial sobre un trato “justo y equitativo” para la inversión privada.
El Gobierno de López Obrador ha sido enfático en que no están dispuestos a pagar esta indemnización: “Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pidiendo que se les paguen 1.500 millones de dólares, nosotros estamos planteando que se destruyó el territorio y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona. Además, tienen cerca de 2.000 hectáreas más concesionadas y es selva, no, no es posible”, agregó López Obrador este viernes.
El plan del Gobierno es, una vez de hacerse del terreno en disputa, construir un centro de recreación en la zona ya afectada y el resto, unas 2.000 hectáreas serán declaradas como reserva natural protegida. La empresa ha eludido a hacer comentarios sobre los comentarios del presidente, en tanto el arbitraje internacional sigue en curso.
