Nataly Morillo, ministra de Gobierno
La ley urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, que reforma el Código Orgánico Territorial (Cootad), es de enorme importancia para el país.
Así lo señaló la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en diálogo con “Punto de Orden”.
La funcionaria defendió la iniciativa, que fue aprobada ya en segundo y definitivo debate, y enviada por el presidente Noboa al Registro Oficial para su publicación.
No atenta contra autonomía
La premier explicó que, al contrario de lo que señala la oposición, la nueva normativa no atenta para nada contra la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
Simplemente, dijo, establece que el 70% del presupuesto debe ser destinado a obras, como agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad, entre otras.
La ley también evitará las “fiestas y los piponazgos” de ciertos municipios y consejos provinciales, mediante un control del Ministerio de Finanzas.
Morillo también aclaró que no se cerrarán unidades municipales ni gestores culturales, como denuncia el correísmo, sino que exige una planificación económica adecuada y una priorización de gastos.
Excesivos gastos
Como ejemplo de despilfarro mencionó al Municipio de Quito, que tiene más de 20.000 funcionarios, pero que sufrió graves inundaciones por las lluvias en sectores como La Roldós, Chillogallo y Guamaní, precisamente por la falta de planificación, y por destinar recursos solo a gasto corriente.
- LEER TAMBIÉN: Presidente Daniel Noboa envió al Registro Oficial nueva “Ley de los Gads” para su publicación
Y qué decir del “hornado de 15 dólares», contratado el año pasado con sobreprecio, como acostumbra hacer el correísmo.
Es insólito que, entre los años 2021 y 2024, el promedio de inversión de los organismos seccionales ronde entre el 40 y el 43%, o que se gasten 210 millones de dólares en fiestas, como hizo la Alcaldía de Quito en el 2014.
En ese marco, aclaró que el Gobierno de Daniel Noboa está prácticamente al día en las asignaciones. Al contrario de sus predecesores, que estaban atrasados hasta con 6 meses, incluyendo al régimen “del prófugo”, citando al expresidente Correa.
Hemos evidenciado que ciertos alcaldes y prefectos anuncian que esta ley, supuestamente, los obligaría a cerrar algunos servicios, lo que evidencia que tienen inflado su presupuesto, apuntó la ministra.
Morillo advirtió que, si algún alcalde o prefecto desobedece los montos exigidos, podría ser destituido.
