Los conductores que reciban multas de los radares de tránsito, que fueron clausurados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no tienen obligación alguna de pagarlas.
Así lo advirtió el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en diálogo con “Punto de Orden”.
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Luque recordó que muchos de estos equipos recibieron un sello de clausura, por su instalación irregular o por no haber recibido la calibración de ley. Por tanto, no están autorizados a emitir sanciones.
En caso de recibir presiones, los ciudadanos tienen pleno derecho de presentar una denuncia.
Extorsionadores
El ministro explicó que el actual Gobierno no está en contra de los radares, sino del modelo extorsionador con que operaban.
Muchos de ellos, anotó, fueron ubicados en lugares tramposos, mediante convenios entre ciertos municipios, CTE y empresas privadas, supuestamente para reducir los accidentes de tránsito, pero en la práctica para aumentar exponencialmente las recaudaciones.
En estos convenios, agregó Luque, los organismos seccionales se llevan el 25% de las multas, la CTE otro 25%, y las empresas privadas el 50%. Suficiente para que recuperen su inversión en apenas 3 meses.
Además, los acuerdos nunca incluyeron análisis financieros, ni indicadores de cumplimientos.
Juez y parte
Por si fuera poco, las propias empresas privadas se encargaban de calibrar los radares. Es decir, eran juez y parte.
Ahora, un laboratorio independiente y técnico es el encargado de vigilar cada uno de los equipos, a fin de evitar nuevos abusos.
El funcionario aclaró que la tarea primordial de los radares debe ser técnica y preventiva, y no sancionatoria.
