El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, la Comisión de Tránsito (CTE) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), realiza estrictos controles a los radares de velocidad, instalados por ciertos gobiernos seccionales en convenios con empresas privadas.
Muchos de estos dispositivos –cerca de 200 entre el 2024 y la fecha actual- ya fueron clausurados, debido a que no cumplían su objetivo primario: instruir sobre el riesgo del exceso de velocidad en carreteras y avenidas del país. Más bien se volvieron solo recaudatorios.
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Además, las investigaciones establecieron que apenas 6 de los más de 300 radares instalados, cuentan con las certificaciones necesarias de calibraciones, para el control de tránsito y emisión de infracciones. Sin mencionar que, en determinados casos, estaban instalados en curvas o pendientes, lo cual no está permitido por la ley.
Siguen multando
La CTE fue alertada de que algunos de los dispositivos, pese a estar clausurados, continúan emitiendo multas a los conductores.
Seis de ellos están situado en Balzar. Fueron clausurados por numerosas irregularidades en su instalación, y sin embargo, usuarios de la zona denunciaron que siguen emitiendo sanciones.
Hugo Quintana, director ejecutivo de la CTE, exhortó a los conductores a no pagar las multas, y plantear su reclamo ante la institución.
Asimismo, advirtió que los bancos no pueden debitar de las cuentas de sus clientes, ningún valor por concepto de estas multas, que carecen de toda validez legal.
Las investigaciones establecieron que los grandes beneficiarios de los radares, son las empresas que los instalan. Reciben alrededor de la mitad de cada multa, según los cálculos.
