Para el constitucionalista André Benavides, los primeros testimonios presentados por el gobierno en la Asamblea Nacional, dentro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, son de enorme importancia.
En diálogo con “Punto de Orden”, Benavides explicó que Luis Verdezoto, ex secretario Anticorrupción, y Fabián Pozo, ex secretario jurídico de la Presidencia, dejaron en claro que las “causales” presentadas por la oposición, no tienen sustento.
En este escenario, el jurista lamentó la “pantomima” montada por ciertos asambleístas, empeñados en llamar la atención de los medios de comunicación, y advirtió que en la interpelación primarán criterios subjetivos y no razones jurídicas.
Benavides dejó en claro que, a la larga, mandarán los votos y no los argumentos, como debería ser.
En su opinión, para declarar culpable al presidente Lasso, debe demostrarse su responsabilidad política en el presunto delito de peculado. Es decir, comprobar materialidad. Pero hasta ahora solo hay conjeturas.
El experto advirtió que la Corte Constitucional, con toda seguridad, dará seguimiento a la interpelación, y más aún si los acusadores tocan temas no incluidos en el fallo de admisibilidad. Cierto es que durante el debate se puede decir cualquier cosa, pero en la resolución no pueden mencionarse más allá del único cargo permitido.
Muerte cruzada es válida
A criterio del jurisconsulto, el presidente Lasso puede decretar la muerte cruzada en cualquier momento. Incluso faltando un minuto para la votación, pues así lo faculta el artículo 148 de la Constitución.
El mandatario, agregó, puede argumentar como causa la permanente obstaculización al Plan Nacional de Desarrollo, o la grave conmoción interna.
Para Benavides, la muerte cruzada tiene muy preocupados a muchos legisladores, pues perderían de inmediato sus funciones. Y aunque declaren que no la acatarían, saben que correrían un grave riesgo legal.
Desconocer el decreto de muerte cruzada, y seguir ejerciendo el cargo, puede acarrear responsabilidades de orden penal: arrogación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, dijo.
