Será muy difícil que el futuro gobierno pueda cumplir su promesa, de convocar a una consulta popular en los primeros 100 días de su mandato.
Así lo anticipó el destacado constitucionalista André Benavides, en diálogo con “Punto de Orden”.
El jurista recordó que, solo para obtener el fallo favorable de la Corte Constitucional, podrían irse al menos 2 meses. Y si a este plazo se agrega el proceso de preparación del Consejo Nacional Electoral, tendrán que pasar al menos 5 meses para que el presidente electo haga realidad su iniciativa.
En cuanto a la eventual agenda de la consulta, estimó que podría incluir temas como la creación del sistema de jurados para los juicios, la eliminación de la llamada “tabla de consumo de drogas”, la edad de jubilación, y reformas legales en materia laboral y de seguridad.
Benavides advirtió que, de acuerdo a la ley, toda consulta maneja dos opciones: plebiscito y referéndum. El plebiscito establece, de acuerdo a la respuesta del pueblo, la acción que debe realizar un gobierno. Un ejemplo fue el cierre de casinos y la prohibición de las corridas de toros. En cambio, el referéndum se remite a la aprobación o rechazo de leyes o enmiendas constitucionales, pero con la condición de que no hayan sido aceptadas por la Asamblea Nacional.
Por tanto, el jurista consideró que, antes de impulsar una consulta, el presidente electo debe buscar posibles acuerdos con los bloques legislativos, que le permitan conseguir la aprobación de las reformas que requiere para lograr la gobernabilidad.
Solo si la oposición no da paso a esos cambios, dijo, Noboa podría optar por una consulta, que además de tener un costo económico alto –entre 60 y 80 millones de dólares- se convertirá, más que nada, en un “termómetro político”, como le sucedió en febrero pasado al todavía presidente Lasso.
Desaparecer el CPCCS
En lo que sí coincidió Benavides, es en la necesidad de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y que la Asamblea asuma, nuevamente, la designación de las autoridades de control.
El jurisconsulto afirmó que es preferible un debate parlamentario, con las voces de todos los sectores políticos, a dejar en manos de “7 iluminados” una responsabilidad tan grande, a sabiendas de sus intereses.
Finalmente, otra reforma que considera fundamental, es someter a los miembros del Consejo Directivo del IESS y del Consejo Nacional Electoral, a un posible juicio político.
