El Pleno de la Asamblea se instaló este sábado, 17 de diciembre del 2022, para tramitar en segundo y definitivo debate el proyecto de Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, que fue calificado de carácter económico urgente por el Ejecutivo.
El oficialismo y el correísmo repudiaron que, desde la bancada de Pachakutik, el asambleísta Christian Yucailla incluyera disposiciones en el informe para que se realice un nuevo concurso para la selección de notarios en el país.
Juan Fernando Flores, coordinador del bloque oficialista, manifestó que esa pretensión pretende desconocer los consensos previos que se dieron en una comisión mixta entre el Ejecutivo y el Legislativo durante siete semanas para este cuerpo legal. “No cuenten con nuestros votos para nada de notarios, para chantajes”, enfatizó Flores.
Asambleístas del correísmo como Paola Cabezas, Jahaira Urresta y Ricardo Ulcuango señalaron a la bancada indígena de pretender inducir al Pleno a ilegalidades.
Aseguraron que se pretende violentar la unidad de materia de esta ley, que tiene por objeto brindar incentivos para la producción audiovisual en el Ecuador y la digitalización de servicios públicos como las notarías.
Yucailla no respondió. Sí lo hizo el coordinador de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, quien emplazó a estos sectores a que se entreguen nombres de quienes han condicionado sus votos. Aseguró que la propuesta de Yucailla no fue consensuada por la bancada, pero José Chimbo, otro de los integrantes, reconoció que él pidió que se la incluyera para el debate. «No habló conmigo», insistió Quishpe.
Como una salida el ponente del proyecto y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa (ind.), mocionó que se vote por separado la propuesta de Pachakutik del resto del articulado. En su ponencia incluyó un video con testimonios del sector audiovisual a favor del texto.
Posturas de gremios
Antes de arrancar el debate, la Asamblea recibió en comisión general a José Luis Barzallo, de la Cámara de Innovación Tecnológica, y a Jorge Luis Hidalgo, representante de la empresa Green Power.
Barzallo evidenció algunas preocupaciones con el proyecto, en lo que tiene que ver con firma electrónica, identidad digital y catalogar a Internet como un servicio público, algo que catalogó de “error histórico”. Incluso planteó que se postergara el debate.
Por su parte, Hidalgo llamó a los legisladores para que no legislen a favor de los importadores de combustibles, sino a favor de las inversiones en energías renovables. Cuestionó las posturas de Pachakutik y el correísmo de eliminar el artículo 17 del proyecto, que tiene que ver con exoneración de impuestos para quienes invierten en la generación de nuevas energías.
Aseveró que este 2022 Ecuador destinó USD 7 500 millones para la importación de combustibles. “Gastamos más en subsidios que en educación y estamos condenados al subdesarrollo”.
Fuente: El Comercio
