La ministra del Interior, Mónica Palencia, planteó una denuncia penal en la Fiscalía contra el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz.
El caso se sustenta en que Muñoz, en una rueda de prensa ofrecida la semana pasada, anunció que el Parlamento no acataría el fallo de un juez, sobre la reactivación de juicios políticos archivados.
El magistrado aceptó una acción de protección planteada por la legisladora Inés Alarcón, y ordenó que las interpelaciones de Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, quienes ocuparon altas funciones durante el gobierno de Guillermo Lasso, sean reactivadas.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por la correísta Pamela Aguirre, había resuelto archivar las causas, para acelerar los juicios contra la canciller, Gabriela Sommerfeld; la propia ministra Palencia; y la fiscal general, Diana Salazar. Esta medida generó el rechazo del gobierno.
Muñoz, tomándose el nombre de los principales bloques legislativos, argumentó que la decisión del juez era una intromisión a la función legislativa y, por ende, no la acatarían.
Esta acción del secretario, totalmente ajena a sus funciones, mereció ya una demanda del asambleísta Xavier Jurado, de ADN. La de Palencia es la segunda.
En su escrito, la ministra advierte que podría concretarse un delito de acción pública. Esto es, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además de esta presunta infracción, Jurado acusó al secretario de enviar al Registro Oficial leyes aprobadas con errores de fondo y forma, y que luego corrige con “fe de erratas”, lo que es ilegal.
