Más voces especializadas se pronuncian contra el pedido de juicio político, solicitado por la Asamblea Nacional contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.
Para el reconocido jurista Nicolás Castro, el Parlamento pasó por alto un detalle muy importante, y que viola la Constitución. Suficiente como para que la Corte Constitucional deseche la solicitud de interpelación.
Castro Patiño explicó que, de acuerdo a la Carta Magna, el Consejo de Administrativa Legislativa, CAL, debió tratar el pedido de forma directa. Sin embargo, pidió la opinión jurídica y un proyecto de resolución de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), algo que solo aplica para interpelaciones de ministros y funcionarios de organismos de control, pero no para el presidente de la República.
A su criterio, se trata de una violación flagrante de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues el CAL pide a la UTL que intervenga, cuando las normas prohíben que lo haga, ni siquiera como asesoría. La UTL solo puede intervenir, incluso de forma obligatoria, en todos los demás casos.
El jurisconsulto consideró que, al no acatar la Constitución, Artículo 76, numeral 3, se irrespeta el debido proceso.
Castro subrayó que no es una falla de los 4 asambleístas interpelantes, sino del propio CAL, que es la autoridad llamada a sustanciar el proceso dentro de las normativas legales.
De ahí que opina que la Corte Constitucional, difícilmente otorgue luz verde a la interpelación de Lasso. Y al ser el organismo situado en la cúspide la pirámide jurídica, no hay más instancias para apelar.
A su juicio, el poder de la CC es necesario, precisamente para evitar errores políticos y legales como este.
Sin embargo, de ocurrir lo contrario, sugiere al presidente de la República decretar la “Muerte Cruzada” de inmediato, a fin de evitar que la Asamblea trate de evitar su disolución, mediante alguna maña legal.
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