El Gobierno de Gustavo Petro abrió un nuevo frente político al activar una iniciativa ciudadana para promover una Asamblea Constituyente en Colombia. Esta decisión surge después de que varias reformas sociales quedaran estancadas en el Congreso, entre ellas la reforma a la salud, archivada hace dos semanas.
En este contexto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, inscribió el comité promotor ante la Registraduría Nacional, con lo que el proceso quedó habilitado oficialmente. De esta manera, el Ejecutivo busca una vía alterna para impulsar cambios estructurales.
No obstante, Sanguino aclaró que, aunque el Gobierno respalda la iniciativa, el liderazgo debe recaer en la ciudadanía. Según explicó, la propuesta debe surgir desde los movimientos sociales y no desde el poder político.
Para avanzar, la ley exige el respaldo del 5 % del censo electoral, equivalente a cerca de tres millones de firmas. Sin este apoyo, la iniciativa no podrá continuar.
Mientras tanto, la Registraduría cuenta con ocho días hábiles para verificar la inscripción del comité y confirmar que cumple los requisitos legales. Posteriormente, definirá si autoriza la recolección de firmas.
El comité está integrado por nueve personas. Entre ellas figuran el exministro Alfonso Rosero, el líder indígena Custodio Wouriyu y el periodista Javier Eduardo García, además de dirigentes sociales y sindicales.
Según Sanguino, la propuesta apunta a retomar el espíritu de la Constitución de 1991. Además, busca destrabar reformas sociales, políticas y judiciales que no han prosperado en el Legislativo.
En esa línea, Petro defendió la iniciativa en su cuenta de X, donde afirmó que el pueblo no debe perder su capacidad de transformar el país. Por ello, considera que la vía ciudadana es una alternativa legítima.
Si el proceso tiene éxito, la propuesta llegará al Congreso el 20 de julio de 2026, cuando los nuevos legisladores deberán debatirla. Sin embargo, la iniciativa no está exenta de cuestionamientos.
De hecho, sectores de la oposición y expertos en derecho constitucional advierten posibles riesgos para el orden institucional. Aun así, el Gobierno insiste en que la Constituyente es una herramienta democrática frente al bloqueo político.
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